El expediente, presentado como investigación de alta complejidad, coloca al exgobernador panista frente a una posible condena de hasta 57 años
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El expediente, presentado como investigación de alta complejidad, coloca al exgobernador panista frente a una posible condena de hasta 57 años
La investigación de alta complejidad de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Ernesto Ruffo Appel como presunto líder de una red de huachicol fiscal inició por el “pitazo” de un ciudadano a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo con la orden de aprehensión consultada por La Aurora, el aviso ocurrió el 2 de julio de 2025 cuando agentes realizaban una diligencia de cateo en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
Según el oficio SSPC/SIIP/UADT/016/2025, un civil se acercó al oficial de la SSPC, Diego “H”, para decirle que en los últimos días, al encontrarse laborando en la zona industrial Triple M Metal LP, en la colonia Santa María, percibió un fuerte olor a gasolina.
El aroma provenía de unos contenedores abandonados en las vías del tren a un costado de la planta industrial “Acero Prime”.
Fue así que un día después, el 3 de julio de 2025, se hallaron 33 ferrotanques que contenían gasolina presuntamente introducida de contrabando a México, descubrimiento que es pieza fundamental en la indagatoria contra el exgobernador de Baja California.
El agente de la SSPC refirió que ese día se le acercaron dos empleados de la empresa Kansas City Southern de México, quienes le dijeron que no podían darle información. Sin embargo, el 4 de julio de 2025, agentes confirmaron que la gasolina y el diésel todavía estaban en los carros de ferrocarril.
Posteriormente, personal de la SSPC ubicó en Saltillo, “desde un puente peatonal”, otros 96 ferrotanques que sumados a los 33 contenían más de 15 millones de litros de hidrocarburos, sin la documentación legal, presuntamente ligados a operaciones ilícitas encabezadas por Ruffo Appel.
El primer hallazgo reportado a través de un “pitazo” en la zona industrial de Santa María, en Ramos Arizpe, fue el primero de los 96 datos de prueba que la FGR presentó ante la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, Alejandra Ramírez de la Vega, para obtener órdenes de aprehensión contra el panista y 24 personas más.
La FGR busca la pena máxima para el exgobernador panista de Baja California que sería de 57 años de prisión. Inclusive, si se le aplicara la mínima sanción esta alcanzaría los 32 años, lo que implicaría una especie de cadena perpetua debido a su edad.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, calificó esta investigación como de alta complejidad, mientras que el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, dijo que la indagatoria contra Ruffo Appel, su empresa Ingemar, otras compañías y personas físicas, lleva un año.
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