Omar García Harfuch confirmó que aún faltan órdenes de aprehensión y nuevas detenciones.
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Omar García Harfuch confirmó que aún faltan órdenes de aprehensión y nuevas detenciones.
La investigación por el presunto contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal, que involucra al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, continúa ampliándose. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la organización investigada operó durante varios años y advirtió que las autoridades todavía no concluyen el caso, por lo que habrá más detenciones.
Las declaraciones del funcionario ocurrieron un día después de la captura del exmandatario panista, quien enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y tráfico ilegal de hidrocarburos, derivadas de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR).
"La investigación continúa; faltan más órdenes de aprehensión y más detenciones", señaló García Harfuch al referirse al caso, al tiempo que confirmó que las pesquisas apuntan a una estructura que habría operado de forma sostenida para introducir combustible de manera irregular al país.
De acuerdo con el titular de la SSPC, las autoridades documentaron que la organización investigada mantuvo operaciones durante años, utilizando empresas y esquemas comerciales que actualmente forman parte de las indagatorias federales.
Aunque evitó ofrecer mayores detalles para no afectar el proceso judicial, García Harfuch subrayó que la detención de Ruffo no representa el cierre del expediente, sino apenas una parte de una investigación de mayor alcance.
El funcionario explicó que las instituciones de seguridad mantienen coordinación con la Fiscalía General de la República, responsable de integrar la carpeta de investigación y ejecutar las órdenes judiciales derivadas del caso.
Ernesto Ruffo Appel, quien en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, fue detenido en Ensenada, Baja California, por elementos federales y trasladado posteriormente a Tijuana para quedar a disposición del juez que emitió la orden de aprehensión.
Las autoridades lo investigan por su presunta relación con una empresa señalada como posible fachada para operaciones de importación irregular de hidrocarburos.
El exgobernador ha rechazado las acusaciones y sostiene que la compañía únicamente realiza servicios de gestión y trámites aduanales, actividad que —afirma— cuenta con autorizaciones de las autoridades competentes.
La detención provocó reacciones encontradas entre partidos políticos.
Mientras Somos MX, organización en la que Ruffo participa como integrante de su Consejo Consultivo Ciudadano, calificó la captura como arbitraria y acusó un uso político de la justicia, el Partido Acción Nacional (PAN) evitó asumir una defensa institucional del exmandatario.
La dirigencia panista sostuvo que corresponde a las autoridades conducir el proceso conforme a derecho, aunque pidió que la ley se aplique con el mismo criterio para todos los casos, al señalar que existen otros funcionarios y actores políticos señalados por presuntos vínculos con redes de tráfico ilegal de combustibles que aún no enfrentan procesos similares.
Por su parte, García Harfuch insistió en que las investigaciones avanzan con base en evidencia y reiteró que el caso permanece abierto, por lo que no descartó nuevas acciones judiciales contra otros presuntos integrantes de la red.
La evolución de las pesquisas podría convertir este expediente en uno de los procesos más relevantes contra el huachicol fiscal, un delito que durante los últimos años ha generado pérdidas multimillonarias para el erario y se ha consolidado como una de las principales líneas de investigación del gobierno federal.
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