A partir de una solicitud de información del diario El Sol de México, la Cancillería dio a conocer estas restricciones
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A partir de una solicitud de información del diario El Sol de México, la Cancillería dio a conocer estas restricciones
En lo que parece ser la imposición de un estricto cerco informativo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó como reservada por un periodo de cinco años toda la información, oficios, notas diplomáticas y comunicaciones bilaterales sostenidas con el gobierno de Estados Unidos respecto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez.
La resolución, emitida por el Comité de Transparencia de la Cancillería bajo el expediente CTA-208/2026, responde a una serie de solicitudes de acceso a la información pública, en particular del diario El Sol de México. Los requerimientos ciudadanos buscaban conocer el estatus de las gestiones diplomáticas, las investigaciones en curso y las posibles peticiones de detención con fines de extradición emitidas por una corte de Nueva York, donde ambos políticos han sido vinculados con indagatorias sobre el crimen organizado.
Para justificar el veto informativo, la SRE argumentó que la difusión de los documentos, correos institucionales, minutas y solicitudes de asistencia jurídica internacional "podría menoscabar" y afectar gravemente la confianza mutua. Según la dependencia, abrir estos archivos vulneraría los canales confidenciales de cooperación estratégica y el intercambio de información de inteligencia entre México y Washington.
El blindaje de cinco años sepulta la posibilidad de conocer los detalles de las negociaciones de alto nivel sobre la situación jurídica de Rocha Moya e Inzunza Cázarez. La opacidad institucional no se limitó a los expedientes de la Cancillería. El Comité de Transparencia también impuso una reserva de tres años a las minutas de la reunión bilateral celebrada el pasado 21 de mayo en Palacio Nacional.
En dicho encuentro participaron la presidenta Claudia Sheinbaum, los integrantes del Gabinete de Seguridad federal y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin.
Versiones periodísticas previas señalaban que en esa mesa se discutieron formalmente las acusaciones e investigaciones estadounidenses contra los políticos sinaloenses; sin embargo, los acuerdos y debates de dicha sesión permanecerán clasificados de forma oficial.
Con esta resolución, el gobierno federal cierra la puerta al escrutinio público sobre uno de los expedientes políticos y diplomáticos más delicados e incómodos de la relación bilateral actual.
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