Gilda Lozoya, “eslabón de peso específico” en el caso de Agronitrogenados: FGR

Ignacio Alzaga

Para la Fiscalía General de la República (FGR), Gilda Susana Lozoya fue un “eslabón de peso específico” para concretar la compra que gestionó su hermano Emilio Lozoya de la planta chatarra de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México.

De acuerdo con funcionarios federales, la FGR documentó que con pleno conocimiento de que sería el próximo director general de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya pactó con Ancira realizar dicha transacción a un sobreprecio.

Para ello, Emilio creó la compañía fachada Tochos Holding Limited en Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, a través de la cual recibió sobornos por 3.5 millones de dólares por parte del dueño de Altos Hornos de México, con quien se comprometió a intervenir ante el consejo general de Pemex para comprar la planta de fertilizantes, ubicada en el complejo de Pajaritos, Veracruz.

Tal y como dio a conocer La Aurora, en este entramado de corrupción, Gilda Susana presuntamente pasó de ser estudiante a beneficiaria única de Tochos Holding Limited

Según la indagatoria de la FGR, ella fungió como prestanombres de su hermano, quien le cedió todas las acciones y activos de dicha empresa.

Emilio justificó entonces el nombramiento de su hermana al señalar que lo hacía “a modo de una herencia que cubriera sus necesidades a futuro”.

Sin embargo, la FGR puso en duda la forma en la que una persona que aparentemente tenía como actividad la de ser estudiante pudiera ser accionista o propietaria de una entidad mercantil que operaba elevadas cantidades de recursos.

Autoridades federales indicaron que a sabiendas de su próximo nombramiento en el gobierno de Peña Nieto, Emilio se comprometió a concretar la adquisición de Agronitrogenados, mediante un soborno de 3.5 millones de dólares.

Dicho monto fue cubierto antes de su toma de posesión a través de una transferencia electrónica proveniente de una cuenta bancaria de Altos Hornos, a una cuenta abierta en la Unión de Bancos Suizos a favor de la empresa Tochos Holding Limited.

Emilio Lozoya era el titular original del derecho de disposición de los recursos acreditados en la cuenta. Sin embargo, a fin de ocultar la trazabilidad de los flujos subsecuentes, hizo una cesión de ese derecho a favor de su hermana Gilda Susana, integrándola a un esquema de lavado de dinero.

En ese contexto, Gilda Susana realizó diversas transferencias a favor de personas ubicadas en México, una de las cuales sirvió para cubrir el precio pactado por la compra, a nombre de su hermano, de la residencia ubicada en Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El inmueble, valuado en más de 51 millones de pesos, pasó oficialmente a manos del Estado mexicano mediante extinción de dominio, al acreditarse que se compró con dinero ilícito del caso Agronitrogenados.

La FGR confirmó que la panta “se encontraba en condiciones deplorables”

A pesar de ello, gracias a las maniobras realizadas por Lozoya al interior de Pemex, el bien fue adquirido a un precio superior al valor real que tenía al momento de la celebración del contrato de compra venta.

“Como se puede apreciar, se está en presencia de maniobras claramente destinadas a enmascarar un pago corrupto, el cual fue el aliciente económico que condujo causalmente a la maquinación de una compra definitivamente fraudulenta con la que se ocasionó un grave daño al patrimonio del erario federal”, sustentó la FGR.

De acuerdo con la Fiscalía, Gilda Lozoya fue un eslabón de peso específico para que se cumpliera el objetivo criminal concebido por su hermano.

En tanto que Alonso Ancira suscribió con Pemex un acuerdo reparatorio desglosado en tres parcialidades, de las cuales cubrió dos de ellas.

Después de que Gilda Susana denunció que su proceso es un caso político, la presidenta Claudia Sheinbuam pidió a la FGR dar a conocer detalles del asunto para demostrar que se actúa conforme la ley ante la comisión de un delito en perjuicio de las arcas públicas.