Cada vez que Estados Unidos amaga con intervenir —con aranceles, contra el narcotráfico, con la amenaza de actuar “con o sin permiso”—, el gobierno de México responde invocando su soberanía. La palabra opera como conjuro: cierra la discusión antes de abrirla. Y, sin embargo, en las mismas semanas, millones celebran a la selección nacional, sin reparar en que el futbol lo regula y controla una organización internacional, la FIFA, que no es un Estado y a la que ningún Estado manda. Orgullo nacional dentro de reglas que la nación no dicta. El contraste obliga a preguntar qué quiere decir “soberanía”.
La idea tiene un origen preciso. Se forjó en la Europa de los siglos XVI a XIX, cuando el Estado moderno unificó territorios antes sujetos a poderes dispersos y concentró el mando en una instancia suprema. Bodin le dio su primera formulación jurídica: soberano es quien puede dar y anular las leyes sin el consentimiento de nadie. Hobbes añadió el momento coactivo: la autoridad del derecho llega hasta donde alcanza su imposición forzosa.
Esa soberanía tiene dos caras. Hacia adentro supone un poder supremo que decide sobre el conjunto de las competencias y que no admite en su territorio ningún poder independiente de él. Hacia afuera supone independencia frente a los demás Estados, prohibición de intervenir en sus asuntos internos e igualdad jurídica. Sobre ese doble supuesto se construyó el mundo de los Estados.
Durante un par de siglos el Estado soberano pareció un dato natural. No lo era. La soberanía es una forma histórica contingente de organizar la comunidad política. Nos hemos habituado tanto a ella que se convirtió en la única medida. Ella misma fija los límites de las alternativas que somos capaces de concebir. Y hoy, pese al resurgimiento de los nacionalismos y de los Estados fuertes, al menos tres fuerzas la reconfiguran.
La primera es la realidad mundial. Por encima y por debajo del Estado operan actores que le disputan su monopolio: organizaciones internacionales con facultades propias, empresas transnacionales que generan su propio derecho, mercados financieros o empresas tecnológicas que ningún Estado —ni el más poderoso, ni todos actuando en conjunto— puede regular. A ello se suman los procesos de integración regional, en los que los propios Estados ceden competencias mediante tratados que después no controlan. El poder se fragmentó, y hoy concurren en su ejercicio múltiples actores anclados en lo local, lo nacional, lo regional y lo global.
La segunda es la criminalidad. La delincuencia organizada transnacional disputa el monopolio de la violencia en territorios enteros y borra la línea entre lo interno y lo externo. La criminalidad, como el medio ambiente o las pandemias, ya no cabe en los términos territoriales tradicionales.
La tercera son las nuevas tecnologías. La comunicación en tiempo real, la digitalización y más recientemente la IA deslocalizan la información, la economía y el poder. El control del territorio —núcleo de la soberanía— se vuelve insuficiente cuando lo decisivo circula en un espacio sin fronteras. A contrapelo aparece el concepto de soberanía digital, que busca reivindicar capacidades que distan mucho de ser realidades.
Vuelvo al principio. Si el Estado ya no controla del todo su territorio, ni su economía, ni siquiera el juego que enciende a su población, ¿qué afirmamos cuando invocamos la soberanía? ¿Un poder efectivo o una fórmula que consuela? No pretendo abandonar el concepto pues sigue designando algo importante: la capacidad de un pueblo de decidir su destino. Propongo dejar de usarlo como conjuro. Quizá la pregunta no sea cuánta soberanía nos queda, sino para qué la necesitamos y cómo la ejercemos.
Recomendar Nota
