En el municipio Salvador Alvarado la alcaldesa morenista Guadalupe López busca imponer multas ilegales por mil 500 millones de pesos a empresas como Telmex, Megacable y Totalplay
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En el municipio Salvador Alvarado la alcaldesa morenista Guadalupe López busca imponer multas ilegales por mil 500 millones de pesos a empresas como Telmex, Megacable y Totalplay
El Municipio de Salvador Alvarado, encabezado por la alcaldesa morenista Guadalupe López González, enfrenta graves acusaciones por operar un presunto esquema de extorsión institucional contra las principales empresas de telecomunicaciones del país.
De acuerdo con reportes recientes, el municipio busca imponer multas ilegales que suman mil 500 millones de pesos a las compañías Telmex, Megacable y Totalplay. Dichas sanciones se justifican bajo el argumento de revisar el cableado instalado sobre la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El caso recuerda a lo sucedido en febrero pasado en Tequila, Jalisco, donde el presidente municipal exigía dinero de forma ilegal a las empresas tequileras. En Guamúchil, el Ayuntamiento opera a través de un intermediario identificado como Pedro Molineros Urías.
Molineros Urías es el encargado de "negociar" con las cableras, ofreciendo reducciones de entre el 60% y 70% sobre las supuestas sanciones. Este modelo replica las tácticas del crimen organizado: crear un problema artificial para después vender la solución.
Para presionar a las empresas, las autoridades municipales han llegado al extremo de cortar el cableado físico. Esta acción ha dejado sin servicio de internet y telefonía a la población local, lo cual constituye un delito federal grave.
El caso combina una serie de graves irregularidades legales que violan el debido proceso y generan evidentes responsabilidades de carácter federal.
Entre las anomalías detectadas se encuentran “revisiones” realizadas sin la participación ni conocimiento de las empresas afectadas; documentos entregados de forma incorrecta para evitar que las compañías se defiendan a tiempo; negación del derecho básico de las empresas a ser escuchadas antes de recibir una sanción; y bloqueos institucionales para impedir que los afectados presenten pruebas a su favor.
Todo lo anterior refleja un modelo de extorsión idéntico al del crimen organizado. El hecho resulta especialmente escandaloso, pero no extraño dentro de la actual situación política que dejó el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Ante la difusión del caso a nivel nacional, funcionarios municipales aseguraron que el Ayuntamiento tiene el poder de autorizar y sancionar las instalaciones de telecomunicaciones.
Sin embargo, un reglamento municipal no puede pasar por encima de la Constitución. La regulación de las telecomunicaciones es una facultad exclusiva de la Federación, por lo que el tendido de cables no requiere de permisos locales.
El esquema de presión financiera queda al descubierto al comparar los montos reales con los exigidos: multa legal máxima por reglamento de construcción, erca de 60 mil pesos por obras sin autorización; monto exigido por el Ayuntamiento: Más de 410 mil pesos por cada "coordenada" de cableado.
La gravedad de la situación en Guamúchil ya escaló hasta el Poder Legislativo federal. El diputado Mario Zamora presentó un Punto de Acuerdo ante el Congreso para solicitar formalmente que la Federación revise la legalidad de las acciones municipales y proteja la infraestructura estratégica del país.
Aunque el litigio terminará por definirse en los tribunales federales —donde ya existen criterios y precedentes muy claros sobre los límites de la competencia municipal en telecomunicaciones— el caso del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, es un grave antecedente de las nuevas modalidades que está adoptando la extorsión a manos de autoridades locales que, en la opinión de muchos afectados, están claramente aliadas con el crimen organizado.
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