Estimaciones indican que aproximadamente uno de cada tres litros de combustible vendidos en el país proviene de fuentes ilícitas
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Estimaciones indican que aproximadamente uno de cada tres litros de combustible vendidos en el país proviene de fuentes ilícitas
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este martes un golpe estratégico a las finanzas del crimen organizado al imponer severas sanciones contra una red de contrabando de combustible transfronterizo vinculada directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acción bloquea las operaciones de dos operadores clave y nueve empresas de transporte y logística que movilizaban decenas de millones de dólares anuales de forma ilegal entre ambos países.
Las medidas, coordinadas de forma bilateral con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, ponen bajo la lupa un esquema masivo conocido como "huachicol fiscal".
Esta modalidad delictiva consiste en comprar o robar gasolina y diésel en Estados Unidos para ingresarlos ilegalmente a territorio mexicano falsificando documentos aduaneros, evadiendo impuestos y generando ganancias ilícitas que financian las operaciones de la organización criminal.
Entre los designados en la llamada "Lista SDN" de la OFAC destacan dos ciudadanos mexicanos señalados como los cerebros logísticos y financieros del entramado: Óscar Guillermo Juraidini Silva, acusado de operar como intermediario financiero para el CJNG, utilizando empresas fachada y falsificando certificados aduanales para etiquetar incorrectamente el combustible importado y evadir el fisco mexicano.
J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado como propietario de firmas transportistas que presuntamente pagaban sobornos a personal criminal y aduanal en los puertos de entrada fronterizos para garantizar el libre paso del hidrocarburo ilegal.
Asimismo, la sanción congela de forma inmediata todos los bienes, cuentas bancarias y activos que los implicados o sus nueve empresas asociadas —entre ellas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution— posean en territorio estadounidense, prohibiendo además cualquier transacción comercial o financiera de ciudadanos o entidades de EU con los señalados.
El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, advirtió en un comunicado oficial sobre los riesgos de esta evolución delictiva. "Esta serie de medidas pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México están expandiéndose más allá del tráfico tradicional de drogas para generar ingresos multimillonarios para sus organizaciones criminales", declaró el funcionario, enfatizando que dichos recursos económicos terminan sosteniendo el tráfico de narcóticos letales hacia la Unión Americana.
Por su parte, estimaciones del sector de distribución de carburantes en México indican que aproximadamente uno de cada tres litros de combustible vendidos en el país proviene de fuentes ilícitas.
Tan solo el año pasado, esta red de contrabando y robo provocó pérdidas fiscales superiores a los 11 mil millones de dólares para el gobierno mexicano.
Esta acción representa una de las operaciones financieras conjuntas más relevantes entre la UIF mexicana y el Tesoro estadounidense en lo que va del año.
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