La mandataria cuestionó el rigor periodístico de la publicación y aseguró que su administración no cuenta con reportes ni notificaciones oficiales que sustenten dichas afirmaciones
La mandataria cuestionó el rigor periodístico de la publicación y aseguró que su administración no cuenta con reportes ni notificaciones oficiales que sustenten dichas afirmaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de manera tajante el reportaje publicado por el diario The New York Times, el cual señala que legisladores y funcionarios del partido oficialista, Morena, operan como informantes para agencias de seguridad de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria cuestionó el rigor periodístico de la publicación y aseguró que su administración no cuenta con reportes ni notificaciones oficiales que sustenten dichas afirmaciones.
Sheinbaum centró sus observaciones en el uso de presuntos testimonios sin identificar dentro del texto periodístico. Argumentó que la falta de nombres y de pruebas verificables resta credibilidad al artículo, especialmente tratándose de un medio con proyección internacional.
“¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice ser de los mejores del mundo? Me dijeron una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando...”, señaló la presidenta ante los medios de comunicación.
A la postura de la titular del Ejecutivo Federal se sumaron gobernadores de las entidades señaladas en las investigaciones de la prensa estadounidense.
Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, emitió una carta pública en la que desmiente categóricamente los señalamientos, un documento que la propia Sheinbaum respaldó públicamente como parte de la respuesta oficial del Estado.
El texto de The New York Times sostiene que al menos una docena de actores políticos vinculados a la llamada "Cuarta Transformación" habrían establecido contacto con la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Justicia de EU.
De acuerdo con el diario, el propósito de estas supuestas filtraciones por parte de los funcionarios mexicanos sería compartir datos sobre presuntos nexos entre miembros de su propio partido y el crimen organizado, operando como un mecanismo de protección anticipada ante eventuales investigaciones judiciales en el extranjero.
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