La expresión democracia liberal puede tomar por sorpresa a muchos. Ambos conceptos, a fuerza de discursos elegantes, se identifican como estrechamente relacionados. No estamos, sin embargo, ante una tautología, sino frente a algo más inquietante, en tanto no evidente: la democracia, por sí sola, no solo no garantiza la libertad, de hecho, puede destruirla.
Pensemos en un ejemplo sencillo. La mayoría de una comunidad podría considerar perfectamente justo expulsar a alguien cuyas creencias religiosas, aunque respetuosas y privadas, incomoden al grupo dominante. Esa misma mayoría podría, acto seguido, resolver apropiarse de los bienes de la persona expulsada. Nos guste o no, ambas serían decisiones democráticas, si las consideramos surgidas de la voluntad mayoritaria. Decir que más democracia equivale a más libertad es una falacia que los populistas explotan bien.
La palabra democracia tiene diversas connotaciones. Puede entenderse desde un punto de vista sustantivo, como equivalente de popular. En la tradición mexicana, esa interpretación ideológicamente significa la puerta que accede al bienestar colectivo, las reivindicaciones sociales y el castigo a los enemigos del pueblo. Salta a la vista que abre también la puerta al populismo, cuando el líder clama encarnar al “verdadero pueblo”, ¿bueno y sabio?, frente a las élites abusivas. Jan-Werner Müller decía bien que los populistas se ven a sí mismos como los verdaderos representantes del pueblo y de sus intereses genuinos.
Levitsky y Ziblatt, en Cómo mueren las democracias, argumentaron que las democracias contemporáneas rara vez son abolidas por un pronunciamiento militar; en forma diferente, desaparecen a manos de gobernantes electos que, una vez en el cargo, utilizan su popularidad y las herramientas constitucionales para desmontar los contrapesos que, con el tiempo, podrían expulsarlos. En la región, el fenómeno se ha repetido en los últimos años. Sus casos más dramáticos son Venezuela y Nicaragua. México, sobre la base de una mayoría calificada derivada de la captura de las autoridades electorales, avanza en esa dirección.
El componente liberal aporta la necesaria tensión a los excesos de la democracia sin riendas. La tiranía de la mayoría, alertada por Tocqueville, es uno de los mayores peligros que enfrenta la libertad a causa de la política. Si la democracia determina quién decide, la parte liberal responde a una cuestión distinta: sobre qué se puede decidir. Y al hacerlo, establece candados contramayoritarios que aseguran la vigencia de derechos y libertades. El Estado de derecho y la independencia jurisdiccional como contrapesos a las ocurrencias del gobernante en turno.
A un año de la primera elección popular de juzgadores, lo primero que debemos reconocer es que el antiguo Poder Judicial no era, ni de lejos, perfecto. Lo que estamos presenciando, sin embargo, es un fenómeno cualitativamente distinto y mucho más peligroso: la captura de un poder con el fin explícito de consolidar un régimen hegemónico. Ahora bien, la perversión del sistema no debe interpretarse como la pérdida absoluta de la justicia cotidiana. De hecho, que los gobernados ganen amparos en asuntos comunes no solo sería normal, sino deseable políticamente, pues legitimaría la nueva función jurisdiccional. El verdadero vicio es más sutil: la garantía, en los casos de verdadero interés para el régimen, de que el sistema judicial incline invariablemente la balanza a su favor.
De este modo, el Poder Judicial avanza como una pieza más del engranaje, funcional al objetivo de concentrar el poder de forma casi absoluta. Conviene detenerse en la doble naturaleza de estos contrapesos, porque en ella reside la gravedad oculta. Una judicatura independiente, ordinaria y electoral en su conjunto, no cumple una sola función, sino dos que tendemos a confundir. Protege, por un lado, los derechos del individuo frente a la mayoría; al mismo tiempo garantiza también las reglas y la justicia de la competencia política, es decir, lo que vuelve creíble que quien gobierna pueda, en efecto, perder. Quien se apodera del juez que dirime el conflicto clausura la competencia.
Decíamos al inicio que la democracia admite distintas connotaciones. En su sentido procedimental—mucho más liberal— vale como mecanismo de reemplazo pacífico del poder. Y es esa válvula, que permite corregir el rumbo, la que estamos perdiendo. Hemos presenciado el desmantelamiento del teórico contrapeso que permitía a nuestra democracia funcionar sobre bases competitivas. Sin esa garantía de imparcialidad en lo que realmente importa, dejamos una estructura que, aunque mantenga las formas, no ejerce más de protectora de nuestra libertad política.
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