El 17 de junio del año en curso, una vez más somos testigos de cómo el máximo órgano judicial del país, antes integrado por juristas respetados y capacitados, hoy exhibe risas, ignorancia y una alarmante falta de argumentación jurídica. Los ministros del acordeón pretenden resolver los asuntos conforme a sus vivencias personales, sin siquiera demostrar conocimiento de aquello sobre lo que se pronuncian.
En efecto, me refiero a la participación de Loretta Ortiz, a quien me resulta difícil llamar ministra, pues el nombramiento no basta cuando se carece de los conocimientos y atributos indispensables para desempeñar tan alta responsabilidad.
La razón de esta afirmación se encuentra en las intervenciones realizadas durante la sesión de 17 de junio, al resolver el recurso de reclamación 139/2026 y los amparos directos en revisión 1156/2026 y 1340/2026.
Durante su participación, Loretta Ortiz hizo referencia al concepto hotelero “all inclusive”, evidenciando desconocer su significado, pues afirmó textualmente: "Eso es, que tú, mexicano, no tienes derecho a pasar, pero nosotros los norteamericanos porque tenemos unos fideicomisos especiales sí podemos estar aquí adentro", refiriéndose al acceso a las playas.
En las integraciones anteriores de la Suprema Corte era impensable que un ministro emitiera su voto sobre un asunto desconociendo aquello de lo que hablaba.
Sin embargo, al leer la versión taquigráfica de la sesión, mi preocupación fue aún mayor. ¿Quiénes resuelven hoy los asuntos jurídicos más relevantes de México?
La versión taquigráfica muestra que la discusión versaba sobre la procedencia de los asuntos ante la Corte, pues las sentencias impugnadas resolvían una cuestión de legalidad relacionada con valoración de pruebas, dentro de un litigio sobre restitución de tierras ejidales en Mérida, Yucatán.
Menciono lo anterior porque la modalidad hotelera “all inclusive” nada tenía que ver con el asunto sometido a consideración del pleno.
Aunado a lo anterior, al analizar la versión taquigráfica, se advierte que no logran dilucidar jurídicamente cuando una cuestión es de legalidad o entraña una interpretación constitucional que les dé competencia para su conocimiento; señalando varios de ellos que los ejidos tienen su origen en el artículo 27 constitucional y por ello deben revisar la constitucionalidad y del propio debate se desprende una confusión entre la suplencia de la queja y un auténtico problema de constitucionalidad.
Y casi al finalizar su argumento Loretta Ortiz dice: “…Cómo nació la Constitución del 17; o sea, hay que entender el contexto en el que nació y eso nos da el carácter especial de nuestro país. O sea, no es nada más una cuestión de simple constitucionalidad o legalidad, son los Estados Unidos Mexicanos; tenemos un carácter distinto a los Estados Unidos de América.” Definitivamente no se entiende qué quiso decir ni qué relación guardan sus palabras con el asunto que se resolvía.
Lo único claro es que hoy ocupan cargos antes respetados personas que evidencian profundas deficiencias en materia jurídica y argumentativa. Si quienes integran el máximo tribunal del país son incapaces de distinguir entre legalidad y constitucionalidad, la certeza jurídica deja de ser una garantía para convertirse en una mera aspiración.
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