Cuando la presidenta Sheinbaum asegura: “Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda”, intenta desmentir –mientiendo– a quienes desesperadas por su dolor y la indiferencia de las autoridades han venido señalando, de cara al mundo que tiene los ojos puestos en México por el Mundial de Futbol, que la jefe del Ejecutivo mexicano prefiere recibir actrices, deportistas y hasta al pato Merlín antes de atenderlas a ellas.
En su engañifa, nuevamente Sheinbaum pone por delante la ejemplar labor de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que según ella se reúne con colectivos de personas buscadoras “de manera extraordinaria”, aunque con resultados pobrísimos, por lo que puede verse. Incluso, supongo, con aquellos grupos de los que sospecha que reciben apoyos extraños para desplazarse hasta la Ciudad de México (una de sus procupaciones más comentadas en los últimos días).
Pero no hay vuelta de hoja: el tratamiento que le ha dado el gobierno de Morena al tema de los desaparecidos y la crisis forense que lo acompaña es, por decir lo menos, absolutamente siniestro. Y no hay hipérbole en lo que digo. En cualquier otro país esta situación habría ya prendido todas las alarmas del Estado y obligado a sus autoridades, reconociendo sensatamente su incapacidad material o incompetencia institucional, a pedir auxilio foráneo.
Sin embargo, aquí lo primero que se le ha ocurrdo al gobierno de Morena –y eso es lo siniestro– es negar los hechos, minimizarlos, ocultar evidencias (como en el caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco), culpar a los gobiernos del pasado, “encapsular” con sus granaderos (que obviamente existen) a las madres buscadoras cuando protestan pacíficamente; y cuando se ven perdidos en la discusión pública, apelar al más miserable de sus “argumentos”: descalificar a las madres buscadoras como aparte de una conspiración de la derecha para desprestigiar (como si eso hiciera falta) a la Cuarta Transformación.
El manejo de esta tragedia, que se ha cobrado más de 130 mil víctimas en México, es tan grotesco por parte del gobierno que también ha tenido que salir a refutar –con más mentiras y profundo cinismo– los informes de la ONU que han osado advertir que todo esto prefigura crímenes de lesa humanidad que no habrían podido tener lugar sin diversos grados de complicidad de policías, ejército y Guardia Nacional, más la consabida protección política.
Es decir, estos crímenes han sido perpetrados en alguna medida o directamente por ese Estado mexicano que –para responder al presidente Donald Trump cuando dice que México “ha perdido el control del país”–nuestra presidenta asegura que sí existe. Y vaya que existe, al punto de que su ausencia es notable en la Montaña de Guerrero, pero en cambio es muy visible cotidianamente en todos los atropellos, abusos y complicidades con el crimen organizado que registra cotidianamente la ciudadanía.
Ahora las madres de los desaparecidos tienen puestas sus esperanzas en la noticia de que hacia octubre la Asamblea General de la ONU debatirá de forma urgente la crisis de desapariciones y la emergencia forense en México, abriendo la puerta –si el gobierno “humanista” de Morena no lo impide en nombre de la manoseada “soberanía” que dice defender o alguna otra mamarrachada ideológica– a la asistencia internacional.
Es una asistencia, una solidaridad elemental, que el propio gobierno debió procurar desde hace años para enfrentar la gravedad de esta crisis, pero en su infinita ineficacia –¿o podredumbre?– ha preferido no sólo no dar el grito de socorro sino acallarlo de la forma más infame.
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