Estando actualmente en Japón, resulta evidente que la seguridad económica y las cadenas de suministro estratégicas son temas centrales para el gobierno y el sector empresarial.
La creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, la disputa tecnológica y la competencia por minerales críticos y semiconductores han obligado a Japón a replantear sus prioridades económicas y redefinir la forma en que estructura sus relaciones con socios clave en distintas regiones del mundo.
Durante décadas, Japón ha visto a México como una plataforma manufacturera con mano de obra competitiva, acceso al mercado estadounidense y capacidad para ensamblar vehículos, autopartes y componentes electrónicos para Norteamérica. Hoy, la ve además como un componente relevante de su estrategia de seguridad económica.
Tokio entendió que la dependencia excesiva de China para proveerse de insumos estratégicos implica un riesgo político y económico relevante. Como respuesta, sin abandonar el mercado chino, ha impulsado la diversificación de cadenas de suministro bajo una lógica de “China + 1”. Así, México emerge como una de las opciones más naturales para ese rol, particularmente por su integración con Norteamérica, su base manufacturera, su posición dentro del T-MEC y los acuerdos comerciales entre ambos países.
Este reordenamiento se inscribe además en la estrategia de Washington para reducir dependencias frente a China, donde comercio, tecnología y seguridad operan bajo una misma lógica. La revisión del T-MEC en 2026 probablemente profundice estas dinámicas, con mayores exigencias de trazabilidad y reglas de origen más estrictas, consolidando a México como plataforma clave para la competitividad de las empresas japonesas en Norteamérica.
El problema es que México interpreta esta coyuntura con una visión limitada, asumiendo que la inversión llegará automáticamente por geografía. En la jerarquía de Japón, el sudeste asiático (Vietnam, Tailandia) e India ocupan el primer nivel por su peso estratégico regional; México queda en un segundo plano como nodo logístico clave para Norteamérica, compitiendo además con países que ofrecen fuertes incentivos a la inversión, certidumbre regulatoria y políticas industriales más agresivas.
Mientras tanto, nuestro país envía señales contradictorias a la inversión privada que lo debilitan como socio confiable en la diversificación de cadenas de suministro. Persisten graves problemas de seguridad, con altos niveles de violencia y una capacidad estatal limitada para garantizar la estabilidad en varias regiones. El Estado de derecho es percibido como débil, con baja previsibilidad y aplicación inconsistente de la ley. En el plano regulatorio, los cambios en energía, minería y recursos estratégicos —incluida la explotación de tierras raras— han incrementado la incertidumbre y desincentivado la inversión a largo plazo. El debilitamiento del Poder Judicial y del juicio de amparo refuerza la percepción de menor protección jurídica. Se suman deficiencias en infraestructura logística y vial que reducen la eficiencia de las cadenas de suministro.
Nuestro país debe leer este momento con mayor realismo estratégico. Ciertamente cuenta con ventajas indiscutibles —una fuerza laboral calificada, una base manufacturera robusta y una posición geográfica privilegiada dentro de Norteamérica—, pero esas fortalezas ya no son suficientes en una economía global marcada por la gestión de riesgos geopolíticos.
México no es un actor indispensable —nadie lo es— en esta nueva arquitectura económica; es un nodo relevante, pero sustituible. Por ello, la oportunidad exige más que narrativa. Requiere decisiones consistentes, políticas públicas creíbles y estrategias de largo plazo que reduzcan la incertidumbre, capaciten tecnológicamente a nuestra fuerza laboral, fortalezcan el Estado de derecho y eleven la competitividad estructural. Sin esos ajustes, la ventaja geográfica pierde peso frente a competidores que hoy ofrecen mayor certidumbre, incluso dentro del propio reordenamiento impulsado por Japón y otras potencias industriales.
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