Sostuvo que su decisión es para no contribuir a la campaña de victimización mediática y manipulación política
Sostuvo que su decisión es para no contribuir a la campaña de victimización mediática y manipulación política

El senador de Morena, Javier Corral Jurado, anunció este martes que desistirá de la impugnación que había presentado sobre la acción penal contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por los delitos de privación de la libertad.
Sostuvo que su decisión es para no contribuir a la campaña de victimización mediática y manipulación política que ha emprendido la mandataria estatal.
Sin embargo, a través de su defensa, advirtió que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación por diversos delitos cometidos en su contra por las autoridades ministeriales, judiciales, de fiscalización superior y del poder ejecutivo de Chihuahua. Ello con base en denuncias presentadas tanto por él mismo como por la fiscalía capitalina.
Esta mañana estaba prevista la audiencia de omisiones del Ministerio Público en la Sala de Oralidad número 8 del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, luego de que Corral no se presentó el 29 de mayo pasado para impugnar formalmente la decisión de no ejercicio de la acción penal.
No obstante, en un comunicado con el despacho Shütte & Delson Abogados, se informó que ante la distorsión informativa que se ha generado alrededor de este asunto, así como frente a la utilización mediática y política del caso, se decidió no seguir con este procedimiento aun cuando es su legítimo derecho.
Aclaró que la determinación quedará firme respecto al intento de detención por parte de agentes de Chihuahua el 14 de agosto de 2024 en un restaurante de la Ciudad de México.
El despacho indicó que “el montaje contra Javier Corral no comienza ni termina ahí”, pues están vigentes las denuncias interpuestas por él y la FGJCDMX ante la FGR durante ese operativo.
Reiteró que Maru Campos ha actuado con un doble raseo, pues, por un lado, en la Ciudad de México, ha tomado la impugnación como una persecución política y, por otro, en Chihuahua, lo presenta como prueba de exoneración.
Además, Corral y su representación jurídica llamaron a “que se investiguen a fondo” tanto las acusaciones contra su administración cuando fue gobernador de Chihuahua, como el “uso faccioso” de las instituciones de la entidad en su contra.
La semana pasada, la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Acalde, reiteró que "no hay delito que perseguir" en la denuncia que presentó Corral contra Maru Campos, después de que agentes de esa entidad intentaron aprehenderlo en 2024 en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma por el desvío de 98.6 millones de pesos.
La funcionaria adelantó entonces que la fiscalía defendería ante un juez la determinación de no ejercicio de la acción penal, conclusión a la que se llegó tras analizar a detalle el caso en su administración.
La FGJ retomó el asunto que se inició en la pasada administración, tras la denuncia que presentó el hoy senador morenista contra la gobernadora por los delitos de privación ilegal de la libertad personal, ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad.
No obstante, el 12 de noviembre de 2025, la fiscalía capitalina propuso el no ejercicio de la acción penal, mismo que fue aprobado el 27 de febrero de 2026.
Sin embargo, Alcalde consideró que la mandataria estatal incurrió en una manipulación de la información al señalar, a través de un videomensaje, que era víctima de la fiscalía.
La fiscal precisó que una muestra de que no existe persecución política contra Campos es que la decisión del Ministerio Público es a su favor, aunque, en pleno uso de su derecho, Corral impugnó ante el Poder Judicial de la Ciudad de México.
Según el exgobernador de Chihuahua, Campos era responsable de varios delitos cuando se intentó cumplimentar una orden de aprehensión en su contra.
El 14 de agosto de 2024, Corral hizo algunas llamadas telefónicas y al lugar llegó el entonces encargado de despacho de la FGJ, Ulises Lara, quien se lo llevó del lugar en medio de un fuerte operativo de seguridad.
Al día siguiente, Lara, actual fiscal de asuntos relevantes de la FGR, negó que hubiera “rescatado” a Corral y señaló que el operativo de los oficiales de Chihuahua era ilegal porque no contaban con el oficio de colaboración autorizado por la fiscalía capitalina para llevar a cabo dicha diligencia.
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