Con el discurso de ayer de la presidenta Sheinbaum queda claro que su tarea es proteger a los más ostensibles narcopolíticos de Morena para evitar que la justicia de Estados Unidos llegue hasta el padre de la criatura de nuestras pesadillas, López Obrador.
Abrió su juego ante nuevas solicitudes de detención con fines de extradición: protegerá al crimen organizado porque de no hacerlo va a perder las elecciones.
Ya había enseñado su juego al proteger al gobernador Rubén Rocha Moya, aliado del "Cártel de Sinaloa", y ordenar la persecución de la gobernadora de Chihuahua por golpear de manera exitosa al narcotráfico.
Hasta los más generosos creyentes de las buenas intenciones de Claudia Sheinbaum habrán despejado dudas al oír que no entrega a los narcos que solicita el Departamento de Justicia de Estados Unidos porque “luego vendrán por otros”.
La presidenta ha puesto a México como un Estado protector de narcos que Estados Unidos cataloga como terroristas que introducen en su país un arma de destrucción masiva llamada fentanilo.
Sería motivo de orgullo que la justicia mexicana, y no la de Estados Unidos, se encargara de los narcopolíticos. Pero eso no ha sido posible porque en lugar de castigo reciben protección.
En el festejo de ayer por el triunfo de Sheinbaum hace dos años, estuvo el presidente de la Suprema Corte.
¿Él va a permitir que se juzgue a Rocha Moya y a otros gobernadores y funcionarios morenistas, por narcos?
Queda claro, también, por qué se aprobó la semana pasada poner en la Constitución que las elecciones se podrán anular en caso de que se presuma injerencia extranjera.
Aún no hay ley reglamentaria, lo que es peor. Si está en el texto constitucional, la aplicación de ese artículo quedará más en el aire para su interpretación y aplicación.
Si Morena y sus aliados pierden la mayoría calificada en la Cámara de Diputados el próximo año, recurrirán a ese artículo constitucional para anular la elección.
Ya lo adelantó ayer la presidenta, al hablar de la injerencia de Estados Unidos en nuestro próximo proceso electoral. Si no gana, se va a anular.
Para anular tiene en su mano al INE colonizado por Morena, y a los magistrados del Tribunal Electoral que fueron comprados con su permanencia en el cargo hasta 2034.
Tendrán que ir a una elección para reelegirse en 2028, dice el gobierno para hacernos creer que eso da un toque democrático a la permanencia en el cargo a los actuales magistrados.
Otra perversidad. Para estar en el acordeón que reparte el gobierno, los magistrados-candidatos tienen que hacer méritos.
Otra peor: ellos, los magistrados-candidatos juzgarán su propia elección.
México dejó de ser un país democrático, lo sabemos.
Lo nuevo, lo de ayer, fue el aviso de que el Estado mexicano va a defender a los narcos que gobiernan con las siglas de Morena.
El Ejecutivo ha capturado (de manera ilegítima) el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y los tres poderes se vuelcan en defensa de gobernantes aliados con el narcotráfico.
La presidenta Sheinbaum ha dado mayores argumentos al gobierno de Estados Unidos para afirmar que México es un narcoEstado. Y para actuar en consecuencia.
Su juego está abierto, y es el mayor peligro para México.
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