Documentos fiscales exhiben contratos por 22 mdp a empresa vinculada al operador aduanal más poderoso del sexenio; el periodista sostiene que el gobierno conocía el huachicol fiscal y no actuó
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador terminó contratando —para combatir el robo de combustible— a una empresa ligada a Sergio Carmona Angulo, identificado por autoridades y operadores políticos como el rey del huachicol, según revela el periodista de investigación Raúl Olmos en su nuevo libro Huachicol fiscal: La madre de todas las estafas.
En entrevista con Carmen Aristegui, el autor aseguró contar con comprobantes fiscales que acreditan que IIS Servicios, filial de Pemex responsable de administrar las 500 pipas adquiridas por el gobierno federal tras la crisis de desabasto de 2019, pagó al menos 22 millones de pesos a una compañía vinculada a Carmona durante 2021.
“AMLO contrató al rey del huachicol para combatir el huachicol”, afirmó Olmos al describir uno de los episodios que, a su juicio, sintetizan las contradicciones del discurso oficial contra el robo de combustibles.
Los pagos ocurrieron meses antes del asesinato de Sergio Carmona en noviembre de 2021, en San Pedro Garza García, Nuevo León. El empresario tamaulipeco fue señalado durante años por presuntas operaciones de contrabando de combustibles, control de aduanas y financiamiento político en el noreste del país.
Olmos sostiene que el caso no fue un hecho aislado, sino parte de una estructura de “huachicol fiscal” que operó con conocimiento pleno de autoridades federales durante el sexenio lopezobradorista.
Durante la entrevista, el periodista aseguró que dependencias federales mantenían reuniones semanales en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la entonces Secretaría de Seguridad Pública para revisar reportes sobre el ingreso ilegal de combustibles y los impuestos evadidos.
“Tenían un diagnóstico preciso, muy detallado, de por qué aduanas entraba, qué empresas estaban involucradas, cuál era el mecanismo que se utilizaba y a pesar de ello no intervinieron”, sostuvo.
De acuerdo con el autor, las autoridades no sólo conocían el esquema, sino también “los volúmenes” del combustible ilegal que ingresaba al país y el impacto multimillonario para las finanzas públicas.
“La realidad la tenían y además sabían incluso los volúmenes, sabían cuál era el volumen que le estaban robando al Estado en combustible y en impuestos”, declaró.
El periodista calificó además como “un acto de cinismo absoluto” que el gobierno federal presentara en marzo de 2025 un decomiso histórico de combustible ilegal, cuando —afirmó— las instituciones ya contaban desde años atrás con información detallada sobre las redes de contrabando.
El libro también documenta que uno de los hermanos de Sergio Carmona estuvo al frente de una aduana en Tamaulipas en el periodo en que las pipas federales eran administradas por la filial de Pemex que terminó contratando a empresas relacionadas con el empresario asesinado.
Para Olmos, el entramado demuestra cómo el llamado huachicol fiscal evolucionó desde un esquema de corrupción aduanal hasta convertirse en una red de contrabando documentado que involucró permisos legales de importación, empresas fachada y protección institucional.
El autor ubica el origen de este modelo en la reforma energética impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se multiplicaron los permisos privados para importar combustibles.
“Cuando se dieron masivamente permisos para la importación fue con Peña Nieto gracias a la apertura energética”, explicó. Aunque aclaró que la reforma “no era para eso”, señaló que grupos empresariales y criminales detectaron desde entonces una oportunidad para utilizar esos permisos en operaciones ilegales.
Con documentos fiscales, testimonios y expedientes aduanales, Huachicol fiscal. La madre de todas las estafas coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre redes de contrabando, estructuras políticas y áreas estratégicas del Estado mexicano.
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