El proyecto modifica reglas de selección de candidaturas, operación del INE y calendario constitucional
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El proyecto modifica reglas de selección de candidaturas, operación del INE y calendario constitucional
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modificar la reforma judicial y reorganizar el calendario electoral constitucional rumbo a 2028.
La propuesta forma parte de los temas previstos para un periodo extraordinario y plantea que la siguiente elección judicial federal y local se realice el primer domingo de junio de 2028, además de homologar la revocación de mandato con las jornadas electorales ordinarias.
La iniciativa modifica la organización territorial de la elección judicial mediante distritos por circuito y especialidad, redefine las boletas electorales y establece que las autoridades electorales no podrán modificar resultados ni asignación de cargos después de la elección.
También prevé la reducción de candidaturas para evitar saturación de boletas, incorpora mecanismos de blindaje del voto y señala que las elecciones judiciales se desarrollarán sin representación de partidos políticos en las casillas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) quedará encargado de reorganizar los distritos judiciales y adecuar el marco geográfico electoral en cada proceso.
El proyecto propone fortalecer los Comités de Evaluación mediante una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los tres Poderes de la Unión para homologar criterios, evaluaciones y exámenes de conocimiento.
La propuesta contempla insaculación pública para reducir candidaturas, reglas de paridad de género y capacitación judicial permanente en coordinación con la Escuela Nacional de Formación Judicial. También se mantiene a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con nueve integrantes y funcionamiento en Pleno y dos secciones.
El paquete legislativo del periodo extraordinario también incluye reformas para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas vinculada al INE y una nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera.
En el régimen transitorio se establece que los cargos judiciales no renovados en 2025 deberán elegirse en 2028 y que jueces y magistrados cuyo encargo concluiría en 2027 permanecerán en funciones hasta la toma de protesta de las personas electas. Las entidades federativas deberán homologar sus elecciones judiciales con las federales y adecuar sus constituciones y leyes locales tras la entrada en vigor del decreto.
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