La presidenta explicó que la intención es impedir que personas vinculadas a grupos criminales puedan competir por cargos públicos
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La presidenta explicó que la intención es impedir que personas vinculadas a grupos criminales puedan competir por cargos públicos
La presidenta Claudia Sheinaum anunció este jueves que enviará al Congreso una propuesta para fortalecer al Instituto Nacional Electoral y evitar candidaturas vinculadas a la delincuencia organizada.
Sheinbaum explicó que la intención es impedir que personas vinculadas a grupos criminales puedan competir por cargos públicos, sin importar el partido político al que pertenezcan.
En este sentido, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, informó que se creará una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas conformada por cinco consejeros electorales elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General.
Como parte de la iniciativa, el INE y los partidos políticos podrían solicitar revisiones sobre posibles candidatos ante instancias como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para detectar posibles señales de riesgo.
La mandataria agregó que el envío inmediato de la propuesta busca que las nuevas reglas puedan aplicarse antes del próximo proceso electoral federal en 2027. Para ello, los partidos políticos deberán entregar voluntariamente la lista de sus aspirantes.
“Estas autoridades hacen un análisis y determinan que no existe riesgo o que existe un riesgo razonable. La comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable, señalando las instancias o dependencias que advierten ese riesgo. Con base en esa información, los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura”, subrayó Alcalde.
La propuesta –según la mandataria– fue planteada tras las recientes acusaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios y grupos criminales.
“Hemos vivido algunos casos de vínculos entre algunas presidencias municipales y el crimen organizado, algunos presidentes municipales o personas que trabajaban en presidencias municipales, se encontró que estaban involucrados con la delincuencia”, afirmó.
De acuerdo con la mandataria, la medida originalmente formaba parte del "plan A" de reforma electoral, la cual no fue avalada por el legislativo. Y –agregó– aprovecharán el actual periodo extraordinario de sesiones para impulsarla.
El caso más reciente de nexos de políticos con el narco fue dado a conocer el pasado mes de abril, cuando el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve cercanos a su administración, fueron acusados por Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
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