Hace tiempo que la corrupción dejó de sorprender. Los casos se repiten en distintos países y con gobiernos de todo tipo, y cada vez generan menos reacción.
España no es la excepción. En los últimos años han aparecido casos que han afectado a distintos partidos y figuras públicas. El más reciente, la imputación conocida el martes de José Luis Rodríguez Zapatero, que como cualquier ciudadano debe considerarse inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, incluso en estos casos, el daño reputacional es inmediato y difícil de revertir. Cambian los nombres, pero no el patrón.
Y si se observa lo que ocurre en otros países de Europa occidental, la situación no es muy distinta. Francia, Alemania, Italia o el Reino Unido también han enfrentado episodios que ponen en duda a sus dirigentes, incluso dentro de sistemas que se consideran sólidos. No es un problema aislado ni local. Si se mira hacia América Latina, el problema es aún más grave y estructural.
Lo relevante no es solo que exista corrupción. Eso no es nuevo. El problema es que ha dejado de generar un rechazo claro. Cuando la reacción social se debilita, también lo hace la confianza en lo público. Y cuando esa confianza se pierde, empieza a instalarse una distancia entre ciudadanos e instituciones que no es fácil de cerrar.
Aquí aparece una contradicción evidente. A los ciudadanos se les exige cumplir, pagar impuestos y respetar normas. A policías, jueces y fuerzas de seguridad, actuar con rigor. Pero cuando quienes toman decisiones no se someten a esas mismas reglas, la credibilidad del sistema se erosiona rápidamente.
El impacto no es solo legal o económico. Es institucional. Porque cuando la política pierde legitimidad, lo que se debilita es la confianza en el conjunto del sistema. Y sin esa confianza, cualquier intento de gobernar se vuelve más frágil.
Y esa es una erosión que no se revierte en una generación, sino en varias.
De verdad, ¿están muriendo las democracias?
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