México está jugando con uno de sus pocos anclajes de confianza. Durante más de dos décadas, el grado de inversión permitió al gobierno, a Pemex, a la CFE, a la banca de desarrollo y a miles de empresas financiarse mejor afuera, y ese beneficio también se sintió adentro: hipotecas y créditos más baratos, plazos más largos y menos presión sobre el bolsillo de las familias. No es una medalla burocrática. Es la diferencia entre un país que inspira confianza y uno que empieza a pagar más por sus errores.
Por eso alarma que Standard and Poor's se haya sumado a otras agencias para poner en perspectiva negativa la calificación soberana. No se trata de un castigo abstracto: el riesgo financiero ya se transmite. Apenas un día después, S&P revisó a negativa la perspectiva de 12 instituciones financieras mexicanas. Si continúan el deterioro fiscal y el estancamiento económico, México se encamina a perder el grado de inversión. La reacción oficial fue la peor posible: descalificar a la agencia. Pero la soberbia no corrige déficits, no rescata a Pemex ni convence a los inversionistas. Solo encarece la factura que después pagamos todos.
Los grandes fondos que solo pueden tener deuda con grado de inversión estarían obligados a vender. Eso presionaría al tipo de cambio, elevaría las tasas y encarecería la hipoteca, la tarjeta, el crédito para una pyme y la deuda pública. También reduciría el margen del gobierno para financiar infraestructura, programas y servicios. Brasil ya lo vivió en 2015. Colombia también en 2021. México no sería la excepción.
Conviene recordar que, tras la crisis de diciembre de 1994, México dejó de ser visto como un deudor confiable, pero salió adelante porque corrigió con disciplina. La autonomía del Banco de México, el TLCAN, el tipo de cambio flexible, el aumento del IVA de 10 a 15%, una mejor regulación bancaria y el apoyo transitorio del Tesoro estadounidense ayudaron a recuperar credibilidad. Esa consistencia, no la propaganda, abrió la puerta al grado de inversión entre 2000 y 2002. Después vino la erosión: Pemex se debilitó, el déficit se disparó y los contrapesos institucionales empezaron a resquebrajarse.
El problema no es solo el tamaño del déficit, sino lo que revela: el gobierno ya no logra cubrir con sus ingresos ni siquiera el gasto de operación. El deterioro del balance primario es una señal roja para cualquier acreedor serio. La recaudación ha mejorado, sí, pero fue neutralizada por más gasto y por el derrumbe de Pemex, que pasó de aportar cerca de 40% de los ingresos presupuestarios hace dos décadas a recibir apoyos públicos. Produce menos crudo y sigue generando pérdidas por refinación. El país no solo gasta más: gasta peor.
Lo más preocupante es la respuesta política. Cuando Brasil perdió el grado de inversión anunció ajustes. Cuando Colombia fue degradada buscó corregir. Aquí se opta por negar el problema y desacreditar al mensajero. Pero las calificadoras no inventaron el déficit, no fabricaron la deuda de Pemex ni provocaron la contracción de 0.8% en el primer trimestre de 2026 frente al anterior. Solo están leyendo una realidad que el gobierno se resiste a admitir. Cada mes de negación encarece la corrección y erosiona la credibilidad.
El grado de inversión sí importa. No porque lo decreten las agencias, sino porque refleja una pregunta más simple y más seria: si México todavía merece confianza. Hoy esa confianza se erosiona por déficit, por eliminación de contrapesos y por una arrogancia política que confunde propaganda con solvencia. Y cuando un gobierno se niega a corregir, la realidad termina corrigiéndolo. Solo que esa factura la pagan las familias, las empresas y un Estado cada vez más limitado para cumplir lo básico.
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