El organismo alertó que la impunidad continúa siendo crítica y urgió al gobierno federal a revisar la eficacia de su estrategia de seguridad
El organismo alertó que la impunidad continúa siendo crítica y urgió al gobierno federal a revisar la eficacia de su estrategia de seguridad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este lunes un informe en el que advierte que la desaparición de personas mantiene a México inmerso en una grave crisis de derechos humanos y dejó constancia de que el fenómeno sigue sin ser erradicado.
“La crisis humanitaria de desaparición de personas en México tiene una relación fundamental con el accionar del crimen organizado”, apunta el informe, que agrega que muchos casos “ocurren en profunda connivencia y coordinación con agentes estatales”.
El documento sostiene que el universo de víctimas abarca perfiles muy diversos: desde niños y jóvenes captados por el crimen organizado, hasta mujeres y niñas afectadas por violencia de género, entre ellas redes de trata con fines de explotación sexual y de trabajo forzado.
Asimismo, advierte sobre la desaparición de migrantes, particularmente por trata, por explotación laboral o sexual; personas víctimas de odio por su orientación sexual o identidad de género; periodistas y defensores de derechos humanos, éstos por buscar a sus familiares o proteger o denunciar abusos en sus comunidades, territorios o contra el ambiente.
Al cierre de su informe –a junio de 2025– se contaban más de 128 mil personas desaparecidas, de los cuales 18 mil 192 son menores de edad, y conteos independientes calculaban más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado no identificados.

El organismo alertó que la impunidad en estos casos continúa siendo crítica y urgió al gobierno federal a revisar la eficacia de su estrategia de seguridad, así como avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades del Estado.
En ese sentido, apuntó que las desapariciones forzadas –aquellas en las que participan agentes del Estado– no han sido erradicadas. La CIDH documenta varios casos en los que presuntamente habrían intervenido, en coordinación con el crimen organizado, autoridades de seguridad, de procuración de justicia e incluso actores políticos.
“La impunidad en los casos de desaparición es apremiante y se evidencia en la casi nula judicialización de casos y la baja emisión de sentencias”, explica.
En ese contexto, apunta que las investigaciones siguen enfrentando rezagos estructurales. A la sobrecarga de expedientes se suman fallas de procedimiento y deficiencia en las técnicas utilizadas por las autoridades de procuración de justicia, como la falta de líneas de investigación sólidas y errores al clasificar jurídicamente las conductas delictivas.
“También se identifican desincentivos y el miedo en la interposición de denuncias, o una inversión de la obligación de investigación hacia las familias”, agrega.
El reporte también señala que “ante la insuficiente repuesta estatal, la CIDH valora el impulso” de los colectivos y las familias para encontrar a sus seres queridos y su exigencia de justicia.
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