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Cancelación a Díaz Ayuso, por presión de la gobernadora Mara Lezama a empresarios de grupo Xcaret, revela diario El Español

La empresa organizadora de los Premios Platino canceló la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por presiones políticas, según declararon

Crédito: @IdiazAyuso

El presunto veto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita a México para asistir a los Premios Platino, ha colocado en el centro de la polémica a los empresarios detrás de Grupo Xcaret, quienes decidieron impedir su participación en el evento celebrado en la Riviera Maya.

De acuerdo con la información publicada por el medio digital El Español, el grupo turístico asumió directamente la decisión de excluir a la funcionaria española ante presiones políticas. El propio reporte señala que “el Gobierno de Sheinbaum ha sembrado el pánico entre los grandes empresarios mexicanos”, lo que explicaría la reacción de la empresa organizadora.

El conflicto se detonó luego de que, según fuentes cercanas al gobierno madrileño, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, habría advertido que la presencia de Ayuso implicaría consecuencias para el evento. En particular, se menciona que existían órdenes para que, “si Ayuso participaba en la entrega de los premios, suspendiera el evento”, e incluso se insinuó la posibilidad de clausurar el recinto.

Ante ese escenario, Grupo Xcaret —sede del evento— optó por emitir un posicionamiento en el que justificó la exclusión de la mandataria española. En su comunicado, el consorcio señaló que la decisión buscaba “prevenir que los Premios Platino sean utilizados como plataforma política”.

En los hechos, esto implicó alinearse con la postura del gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, quien ha mantenido diferencias políticas con la líder madrileña.

¿Quiénes son los empresarios detrás de Xcaret?

Detrás del grupo se encuentra el empresario Miguel Quintana Pali, junto con los hermanos Óscar Constandse, Marcos Constandse y Carlos Constandse. Se trata de uno de los consorcios turísticos más importantes del país, con operaciones en Cancún y la Riviera Maya, que concentran cerca del 10% del turismo internacional que llega a México.

Su modelo de negocio está fuertemente vinculado a concesiones de parques naturales y al desarrollo de infraestructura turística en zonas ecológicas, lo que los hace particularmente sensibles a decisiones gubernamentales.

El veto llama la atención porque Grupo Xcaret mantiene una estrecha relación con el mercado español. La empresa ha promovido activamente sus destinos en Madrid y participa regularmente en ferias como FITUR, además de colaborar con operadores turísticos europeos.

Sin embargo, el contexto político habría modificado esa relación. Según fuentes citadas por el medio, la dependencia de concesiones y regulaciones gubernamentales explica por qué el grupo habría optado por evitar un conflicto con el gobierno mexicano.

El historial de los propietarios de Xcaret también ha estado marcado por controversias. Quintana Pali y los hermanos Constandse fueron mencionados en los llamados Panama Papers, al aparecer como accionistas de una empresa registrada en Malta. En su momento, reconocieron su participación, aunque aseguraron que las inversiones y el pago de impuestos se realizaban en México.

Además, el grupo ha enfrentado críticas por el uso comercial de símbolos de la cultura maya. Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó retirar elementos publicitarios relacionados con este patrimonio cultural.

El caso evidencia cómo un evento cultural internacional terminó atravesado por tensiones políticas y decisiones empresariales. La cancelación de la participación de Ayuso no solo refleja diferencias ideológicas entre gobiernos, sino también la influencia que puede ejercer el poder político sobre actores económicos clave en sectores estratégicos como el turismo.

En ese contexto, el veto no fue únicamente una decisión logística, sino una muestra de cómo los intereses empresariales pueden alinearse con el entorno político para evitar riesgos operativos y regulatorios en México.

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