La administración Trump condicionó la colaboración en seguridad a acciones “medibles” de países de tránsito
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La administración Trump condicionó la colaboración en seguridad a acciones “medibles” de países de tránsito
El gobierno de Estados Unidos endureció su postura frente a México al exigir más detenciones, extradiciones y desmantelamiento de laboratorios. Para ello, buscará fortalecer la coordinación mediante capacitación a funcionarios judiciales y de seguridad, además del intercambio de inteligencia.
En su nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 –presentada el lunes pasado– subraya que la ayuda estará condicionada a “resultados tangibles”, incluyendo la adopción de medidas apropiadas para arrestar, enjuiciar y extraditar a los líderes de las Organizaciones Terroristas Extranjeras.
El documento anuncia medidas más severas contra cualquier persona física, empresa o funcionario que facilite la logística, el lavado de dinero, transporte, protección o cualquier actividad vinculada al comercio ilegal de drogas a territorio estadounidense.
“El Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Justicia y con apoyo del Departamento de Guerra, liderará los esfuerzos diplomáticos y del sector judicial para asegurar una cooperación robusta, sostenida y medible por parte del gobierno de México para identificar y desmantelar organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras que operan en su territorio”, agrega.
En el archivo –de 195 páginas– establece que la cooperación internacional en materia de seguridad estará sujeta a resultados concretos por parte de los países de origen y tránsito de drogas, entre ellos México, al que ubica como parte central de las rutas y operaciones de las organizaciones criminales transnacionales.
En ese sentido, plantea que la relación con estos países ya no se sostendrá únicamente en mecanismos de coordinación, sino en compromisos verificables.
“Los países de origen y tránsito serán responsabilizados por su falta de regulación y la ausencia de voluntad política para actuar”, advierte la estrategia, al fijar un criterio de evaluación sobre la actuación de gobiernos que forman parte de la cadena del narcotráfico.
“Utilizaremos todas las herramientas disponibles para asegurar que los países tomen medidas creíbles para detener la producción y el tráfico de drogas”, señala el documento, al delinear un esquema de presión que acompaña la cooperación bilateral.
En el caso de México, se establece la necesidad de actuar sobre los cárteles y sus estructuras: se plantea “se incauten precursores y se reduzca la producción” y que el país “elimine la capacidad de los cárteles para amenazar el territorio, la seguridad y la protección de Estados Unidos mediante sus estructuras de mando extraterritoriales”.
Asimismo, vincula la colaboración con la obligación de reforzar controles internos y regulatorios, particularmente en sectores relacionados con sustancias químicas y cadenas de suministro. Por lo que advierte que los países deberán asumir responsabilidad sobre industrias que puedan facilitar el tráfico ilícito, en línea con la exigencia de “investigar, procesar y eliminar el comercio de drogas ilícitas en su origen”.
Como parte de este esquema, la estrategia incorpora mecanismos de presión económica y legal que podrían activarse en caso de incumplimiento. “Impondremos costos significativos a cualquier entidad o individuo… que facilite el comercio ilícito de drogas”.
Por primera vez, luego de su designación en 2025, el gobierno de Trump catalogó a los cárteles del narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y declaró oficialmente al fentanilo y sus precursores como “armas de destrucción masiva”.
En ese contexto, Estados Unidos contabilizó más de 100 mil muertes por sobredosis al año en el punto más alto de la crisis, y aunque las cifras bajaron en 2025, las drogas sintéticas continúan siendo el principal factor del problema.
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