Los gobiernos de la 4T han sido enormemente populares. El porcentaje de aceptación de AMLO osciló entre 50% y 80%. El de CSP se ha movido entre 68% y 72%. Esto ha respondido a las esperanzas que han sabido infundir en amplias capas de la población, a partir de un discurso enfocado en atender primero a los que menos tienen. La inducción de esperanza se pudo notar con el incremento en el Indicador de Confianza de Consumidor del INEGI que dio un brinco muy notable el mismo mes de 2018 en el que AMLO ganó las elecciones presidenciales, incluso antes de que comenzara a implementar sus políticas sociales.
Esto se debió principalmente a un repunte muy fuerte en la confianza respecto de la situación económica futura de los hogares, que cerró la brecha como nunca en la historia del indicador respecto de la situación económica futura del país, reflejando la expectativa de que el sistema económico se transformaría para hacerse más favorable para el bienestar económico de los hogares comunes y corrientes. Recordemos que la Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor, de la que se deriva ese indicador, es probabilística, por lo que refleja el sentir de la población en general, la mayor parte de la cual se había volcado en las urnas para provocar el cambio que llevó a la 4T al poder.
Una vez instalado, el nuevo régimen realizó una serie de acciones que buscó responder a las expectativas creadas con medidas muy populares como el aumento entre 2018 y 2026 de 154% en términos reales del salario mínimo general y de más de 200% en los 40 municipios de la zona fronteriza con EU, con impactos al alza de las remuneraciones en buena parte de los niveles intermedios de los tabuladores de las empresas; al tiempo que los programas sociales se enfocaban en la transferencia directa y no condicionada de recursos en montos sin precedentes, que aumentaron en 156% real de 2018 a 2025. Es decir que, para amplias capas de la población, las expectativas creadas parecían estarse cumpliendo, lo que contribuía a validar las esperanzas iniciales.
Sin embargo, las perspectivas de futuro se han venido transformando, en la medida en que las acciones tomadas no han venido acompañadas de una ampliación de la base económica que garantice su sostenibilidad en el mediano plazo, ya que entre 2018 y 2025 el PIB per cápita prácticamente se mantuvo sin cambio, lo que contrasta con un aumento de más de 10% en el PIB per cápita mundial. Así las cosas, la confianza del consumidor viene a la baja desde octubre de 2024 y muestra que la población ahora considera que las cosas serán cada vez peores en el futuro previsible tanto para ellas mismas como para el país en su conjunto, si bien aún se mantiene a niveles claramente superiores a los de antes de julio de 2018. Paralelamente, y más allá de los discursos, los planes y las nuevas leyes, la confianza empresarial, qué cayó 14% acumulado en los últimos 32 meses, también refleja un deterioro en las expectativas tanto para las empresas como para el país. Dado el entorno internacional complejo, la recuperación de la esperanza requiere ahora de verdadera consistencia en la orientación hacia el crecimiento de las políticas económicas, cuidando de evitar nuevas promesas que desincentivan las inversiones y que promueven el traslado del capital y el trabajo de la formalidad, donde se opera con mayor eficiencia pero a costos crecientes, hacia la informalidad, donde la productividad es menor, pero donde se puede evadir el cada vez más oneroso buenismo gubernamental.
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