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Sistema de unificación en salud: del sueño a la pesadilla

Si algo ha caracterizado al gobierno de la “cuarta transformación” han sido sus ocurrencias y fracasos en materia de salud.

​La destrucción del Seguro Popular fue una suerte de venganza política, producto de la ceguera de no reconocer los beneficios de un programa que, si bien no era perfecto y podía mejorarse, hoy se extraña. La razón fue simple: el Seguro Popular se desarrolló en administraciones de oposición y, para la 4T, cualquier programa de ese origen está maldito.

​Sin organización, liderazgo ni planeación, surgió el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Para colmo de males, este organismo inició a la par de la pandemia de Covid-19; el fracaso estaba en marcha. El desabasto y la opacidad fueron su estandarte. El resultado: una pérdida de más de 938 millones de pesos al cierre de 2022 y la falta de atención a la población más desfavorecida. El Insabi desapareció, pero no sin antes contribuir a la trágica mortalidad durante la pandemia.

​El IMSS-Bienestar fue creado oficialmente el 31 de agosto de 2022 para atender a personas sin seguridad social. En cuatro meses se cumplirán cuatro años desde su concepción y la atención en salud sigue siendo “de cuarta”. A esto se suma el cambio en la política de adquisición y distribución de fármacos, que ha provocado el mayor desabasto de medicamentos del que se tenga registro. La “Megafarmacia del Bienestar” es la representación máxima de la ignorancia, el despilfarro y el engaño de este gobierno en salud.

​En un nuevo intento por enmendar el rumbo, se ha anunciado la creación de un Sistema Universal de Salud. La idea es loable y está llena de buenas intenciones, pero la realidad sugiere que será difícil alcanzar las metas plasmadas en el proyecto. Este mes de abril inició la primera fase: la credencialización de adultos mayores de 85 años para que puedan ser atendidos en cualquier hospital público, ya sea IMSS o ISSSTE. Sin embargo, el programa arranca con el pie izquierdo: no existe una plataforma para capturar los datos de los nuevos inscritos. En las mesas de registro solo hay papel, lápiz y muchas dudas. La creación de un expediente clínico digital único se vislumbra imposible cuando ni siquiera se cuenta con una plataforma de inscripción funcional.

​El problema de la salud pública en México tiene un común denominador: la falta de inversión. El deterioro de clínicas y hospitales —donde lo único que aumenta es la carga de trabajo— es alarmante. Parecería lógico pensar que hospitales mejor equipados y con instalaciones adecuadas ayudarían a absorber pacientes de sitios saturados, pero la crisis es tan grave que las carencias alcanzan incluso a los Institutos Nacionales de Salud. ¿Cómo se explica que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) pasara tres meses sin un tomógrafo disponible?

​La idea de una “nivelación hacia arriba”, donde los centros de excelencia apoyen a los menos privilegiados, corre el riesgo de convertirse en una nivelación hacia abajo. Cuando un hospital emblema como el INER carece de herramientas esenciales para el diagnóstico, ¿cómo esperar que las clínicas periféricas resulten beneficiadas?

​El paciente está en terapia intensiva y su gravedad es extrema. El encargado de su salud asegura tener el mejor plan para salvarlo, pero dicho plan está lleno de interrogantes. Los protocolos para su mejora llevan siete años viendo cómo el cuadro empeora. Ya no hay margen de maniobra. Hemos empezado mal; ojalá esto no sea el preámbulo de otro fracaso, porque la salud en México ya no resiste más errores.

Empezamos este camino sustituyendo programas por ideología y hoy terminamos sustituyendo diagnósticos por promesas. El error de este gobierno fue creer que la salud era un terreno para la política y no para la medicina. Siete años después, el diagnóstico es irrefutable: el sistema no solo no se ha unificado, se ha desmoronado.

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