Escucho la radio cotidianamente. Cada vez que aparece el spot de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mi ceja se levanta. ¿Por qué tanta frivolidad institucional? En un país donde más de 80% de la población cree que los derechos humanos no se respetan, la CNDH ha encontrado su prioridad en promocionarse a sí misma. Sus mensajes mediáticos celebran niveles de reconocimiento público y repiten cifras de recordación institucional, pero evitan informar sobre su eficacia cuando se trata de enfrentar violaciones reales de derechos humanos.
En 2024, la comisión contrató con Identa Consultores, SC, dos encuestas de opinión pública por alrededor de 2.8 millones de pesos para realizar 8 mil 500 entrevistas en zonas urbanas y rurales de todo el país. Los spots institucionales presumen que casi dos tercios de la población conoce el trabajo de la comisión y que 97% ha oído hablar de los derechos humanos. Esos datos dicen exactamente nada sobre la realidad que la institución debe atender.
El alcance mediático acumulado entre 2019 y 2025 de estos spots -estimado a partir de la única auditoria de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre tansmisión de tiempos oficiales- se calcula en casi 12 millones de emisiones en radio y televisión. De haber tenido un costo comercial, ese volumen equivaldría a más de siete mil millones de pesos anuales. La cifra significa cuatro veces el presupuesto anual de la institución, que para el ejercicio 2024-2025 ascendió a mil 722 millones de pesos.
La pregunta es inevitable, ¿para qué sirve semejante despliegue de presencia mediática si los resultados institucionales continúan siendo modestos?
Durante el periodo 2019-2023 de la actual gestión, la CNDH informó que registró alrededor de 82 mil expedientes de queja. De ellos, apenas mil 270 derivaron en recomendaciones formales. Es decir, alrededor de 1.5% de los casos. Según los propios informes de la comisión, la mayoría de los casos se resolvió mediante orientación jurídica o mediación, mientras otros fueron cerrados por falta de elementos.
Para su informe de 2025, la CNDH modificó los indicadores: dejó de hablar de “resultados” para reportar “casos atendidos”. El cambio, sin embargo, no alteró el fondo del problema. La proporción entre quejas recibidas y resoluciones efectivas persiste.
Las recomendaciones de la CNDH no son vinculantes, es cierto. Pero su fuerza no dependía de la coerción jurídica, sino de la autoridad moral que derivaba de documentar violaciones de autoridades, exhibir abusos de poder y ejercer presión pública sobre las autoridades responsables.
Cuando una institución encargada de defender derechos se preocupa más por promover su notoriedad que por demostrar su eficacia, algo se ha desviado. En la defensa de los derechos humanos, la reputación no debiera intentar construirse con publicidad, sino con investigaciones sólidas, recomendaciones contundentes y resultados comprobables.
Al final, la pregunta relevante no es cuántas personas han escuchado hablar de la CNDH, sino cuántas víctimas han encontrado en ella una defensa efectiva frente a los abusos del poder.
