Fueron denunciados por el delito de encubrimiento por favorecimiento y obstrucción del servicio público
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Fueron denunciados por el delito de encubrimiento por favorecimiento y obstrucción del servicio público
El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, presentó en la Fiscalía General del Estado (FGE) dos denuncias en contra de exfuncionarios de los gobiernos encabezados por Javier Corral Jurado y por César Duarte Jáquez, por el delito de encubrimiento por favorecimiento y obstrucción del servicio público.
Estas faltas constitutivas de delitos están relacionadas con la omisión en la investigación de irregularidades administrativas y financieras, que involucran a servidores públicos que permitieron la prescripción de carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción que habrían sido cometidos en la Secretaría de Hacienda del estado, durante la administración 2010–2016, por 171 millones 472 mil 776 pesos.
De acuerdo con la implementación de diversos sistemas tecnológicos de la FACH, se detectó que diversas denuncias presentadas entre 2018 y 2020 permanecieron inactivas, lo que derivó en que la acción penal prescribiera con el paso del tiempo, pese a que los montos de las irregularidades detectadas ascienden a cantidades millonarias de recursos públicos e involucraban a servidores de primer y segundo nivel.
Valenzuela Holguín señaló que el deber institucional de la Fiscalía es investigar no sólo los hechos denunciados, sino también las posibles omisiones en la actuación de quienes tenían la obligación legal de investigar.
En este sentido, sostuvo que se debe esclarecer si existieron responsabilidades por la negligencia de los encargados de investigarlos o si hubo impunidad para proteger a una persona que, presumiblemente, les sirvió para dar declaraciones judiciales en contra de servidores públicos en la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”.
“La omisión también es corrupción, cuando un servidor público decide no investigar, cuando deja pasar el tiempo o permite que un expediente se detenga, también se genera un daño a la sociedad. La sociedad tiene derecho a saber qué ocurrió con estas denuncias y fundamentalmente, a la reparación del daño, que es solo ahí donde se hace justicia”, agregó.
Durante esta revisión se realizó una clasificación de las carpetas de investigación heredadas, identificando a aquellas que presentaban irregularidades procesales, rezagos injustificados o posibles omisiones en su integración.
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