Morena se quedaría con mil 938 millones; PAN, 983; PRI, 782; MC, 701; Verde, 663 y el PT, 519
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Morena se quedaría con mil 938 millones; PAN, 983; PRI, 782; MC, 701; Verde, 663 y el PT, 519
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, la cual no contiene nuevos elementos a los que se han dado a conocer desde Palacio Nacional y discutido en las Cámaras del Congreso.
Sin embargo, permite confirmar de modo claro cómo quedan finalmente algunos temas sobre los que se venía especulando en días pasados; uno de ellos, el más relevante desde la perspectiva de las condiciones de la competencia, es el que tiene que ver con el financiamiento público de los partidos políticos. Así, de aprobarse la nueva reforma los partidos sufrirían una reducción de 25 por ciento en lo que recibe cada instituto político.
En la exposición de motivos, el documento señala que en un país con tanto rezago social y necesidades básicas por atender, una democracia onerosa es un agravio para su población, por lo que su legitimidad y la credibilidad se debilitan.
La iniciativa, que propone reformar 11 artículos de la Constitución, contempla un recorte de 25 por ciento a los partidos políticos y que los recursos se distribuyan 70 por ciento de acuerdo al porcentaje de votos que obtengan en la última elección de diputados.
El restante 30 por ciento se distribuiría de manera igualitaria entre todos los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Es decir, actualmente los partidos en su conjunto reciben al año alrededor de 7 mil 400 millones de pesos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: Morena, 2 mil 584 millones de pesos; PAN, mil millones 311 mil pesos; PRI, mil millones 43 mil pesos. Mientras que Movimiento Ciudadano recibe 935 millones de pesos; el Verde, 884 millones, y el PT, 692 millones.
Con el recorte del 25 por ciento que propone la presidenta Sheinbaum en su iniciativa, la bolsa a repartir sería de aproximadamente 5 mil 500 millones de pesos.
El 70 por ciento de esa cantidad, que es la que se repartiría de acuerdo al porcentaje de votación, es de uno 3 mil 860 millones de pesos, y el 30 por ciento, a distribuirse de manera igualitaria, es de alrededor de mil millones 654 mil millones de pesos.
Y serían distribuidos, en montos aproximados, de la siguiente manera: Morena, mil 938 millones; PAN, 983 millones; PRI, 782 millones; MC, 701 millones; Verde, 663 millones y el PT, 519 millones.
La diferencia entre Morena y el PAN –primero y segundo que reciben mayores recursos-- es de casi mil millones de pesos, lo que le otorga una ventaja considerable al partido en el gobierno respecto a sus adversarios, y es precisamente a lo que se oponen los partidos aliados y la oposición.
En cuanto a la fiscalización, se prohibe a los partidos políticos, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas.
Además, destaca el documento, la reforma no elimina el principio de representación proporcional, sino que revalora su papel democrático de representación de las minorías, busca atender la crítica social a la designación cupular de los legisladores plurinominales al margen de la voluntad de la militancia y de la ciudadanía.
Se trata, dice, de transitar hacia un modelo en el que la pluralidad no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas o de las cúpulas dirigentes, sino de la expresión directa de la voluntad popular.
En ese sentido, la jefa del Ejecutivo Federal propone que la Cámara de Diputados se mantenga con 500 diputados, pero la fórmula para la asignación de los 200 de representación proporcional cambiaría y ahora se asignarían a través de dos formas.
En lugar de listas partidistas, 100 de los candidatos que accederían a San Lázaro serían quienes hayan perdido la elección, pero que obtengan mejores porcentajes de votación distrital emitida a favor de su partido.
Los otros 100, propone la iniciativa, lo harían por votación directa en cinco circunscripciones regionales, en donde se integrarán las diputaciones electas por las ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.
Al partido que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputaciones de sus listas que le corresponda.
Respecto al Senado de la República, el número de escaños se reduciría de 128 a 96; 64 electos por voto directo (dos senadores por entidad federativa), y los otros 32 accederían por el principio de primera minoría.
La propuesta indica que los cómputos de las elecciones federales y locales iniciarán a partir de la recepción del primer paquete electoral en cada uno de los Consejos Distritales
Es importante mencionar que la presidenta mencionó en su conferencia de prensa de ayer que el Programa de Resultados Electorales Preliminares no está contemplada en esta iniciativa, porque no es objeto de reforma constitucional, sino de leyes secundarias.
Sin embargo, los coordinadores de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguraron que el PREP se mantiene.
A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral 35 minutos diarios en radio y televisión, de los cuales el 50 por ciento se destinarán a la autoridad electoral.
El resto será para los mensajes de todos los partidos políticos con registro ante el INE.
La iniciativa busca regular la Inteligencia Artificial, al proponer que todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, deberá estar etiquetado por su emisor.
Los concesionarios de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado.
Al respecto, precisa que será la ley la que establecerá las responsabilidades, medidas y sanciones aplicables.
En cuanto a democracia participativa, se plantea que los ciudadanos puedan participar en consultas populares, referéndums, plebiscitos y cualquier mecanismo de democracia directa. Bastará el 2 por ciento de las personas inscritas en la lista nominas del municipio para realizarla.
Los resultados en los mecanismos de democracia directa serán vinculantes para el ayuntamiento siempre que la participación total corresponda, al menos, al 40 por ciento de la ciudadanía inscrita en dicha lista nominal.
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