La política migratoria como instrumento de subordinación de México es una constante de la relación bilateral, dice el informe
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La política migratoria como instrumento de subordinación de México es una constante de la relación bilateral, dice el informe
El reporte IF10215 del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés) documenta con crudeza una constante en la relación bilateral entre México y Estados Unidos: la capacidad de Washington para imponer su agenda migratoria a México mediante presión económica, política y diplomática.
Aunque el gobierno mexicano no lo reconoce públicamente, el informe sostiene que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum han cedido ante las exigencias del expresidente Joe Biden y del actual mandatario Donald Trump, consolidando un patrón de subordinación en uno de los temas más sensibles de la agenda bilateral.
El CRS recuerda que López Obrador llegó al poder en 2018 con la promesa de una política migratoria de carácter humanitario. Sin embargo, el viraje fue temprano y contundente.
“A partir de 2019, su gobierno implementó estrategias más estrictas de control migratorio, en parte en respuesta a presiones de las administraciones de Trump y Biden”, señala el documento.
Entre las medidas destacan el incremento de detenciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y el despliegue de la Guardia Nacional —creada en 2019— para tareas de contención migratoria, una función que, en los hechos, convirtió a México en un muro de contención para Estados Unidos.
El informe del Congreso subraya que esta lógica se ha mantenido con la llegada de Claudia Sheinbaum al poder en octubre de 2024.
Aunque la presidenta no ha reconocido formalmente la reactivación de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), el CRS documenta que su gobierno aceptó alrededor de seis mil 500 migrantes no mexicanos provenientes de Estados Unidos entre finales de enero y junio de 2025, además de la repatriación de aproximadamente 69 mil mexicanos en el mismo periodo.
En febrero de 2025, detalla el informe, Sheinbaum desplegó 10 mil efectivos adicionales de la Guardia Nacional en las fronteras y su administración realizó traslados aéreos de migrantes a sus países de origen en coordinación con Estados Unidos, profundizando la cooperación operativa con Washington.
El CRS vincula directamente estas decisiones con la política de presión del presidente Donald Trump, quien en el segundo mes de 2025 anunció un arancel general del 25 por ciento a productos mexicanos si no se registraban resultados inmediatos en materia migratoria.
La respuesta mexicana fue el despliegue de fuerzas federales en la frontera norte, distribuidas en 18 municipios de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Posteriormente, Trump suspendió los impuestos de manera indefinida, confirmando la eficacia del chantaje comercial como herramienta de política exterior.
El reporte recuerda que este mecanismo no es nuevo. En junio de 2019, Trump amenazó con imponer aranceles progresivos de entre 5 y 25 por ciento a todas las exportaciones mexicanas si el gobierno de López Obrador no frenaba el flujo migratorio.
La reacción fue inmediata y se ordenó desde Palacio Nacional el despliegue de 15 mil soldados en la frontera con Estados Unidos y dos mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y Belice, sumados a los cuatro mil 500 ya presentes en la región sur.
Más allá del recuento histórico, el CRS plantea una advertencia estratégica que revela el alcance de la dependencia mexicana. El Congreso estadounidense, señala, podría incrementar su influencia sobre la política migratoria de México mediante legislación, asignaciones presupuestarias y mecanismos de supervisión directa.
Incluso plantea que “el Congreso podría considerar ampliar, restringir o imponer condiciones o requisitos de reporte a cualquier asistencia migratoria de Estados Unidos proporcionada a México y evaluar los efectos de las reducciones o cancelaciones de dicha asistencia”.
El documento del Congreso estadounidense no solo exhibe la continuidad de una política migratoria dictada desde Washington, sino que confirma la naturaleza asimétrica de la relación bilateral. La migración aparece como moneda de cambio y herramienta de coerción económica, mientras México actúa como socio subordinado que ajusta su política interna para evitar represalias comerciales.
En los hechos, el informe retrata a México no como un actor soberano que define su política migratoria, sino como un país cuya agenda se reconfigura bajo amenaza de sanciones económicas. La frontera, lejos de ser una política humanitaria o de desarrollo regional, se consolida como un campo de negociación política donde Estados Unidos dicta las reglas y México responde bajo presión.
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