Un juez impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria
Un juez impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria

Nueve expolicías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz fueron vinculados a proceso por un juez federal por su presunta participación en el secuestro agravado y tortura de cinco personas en 2023.
Los implicados fueron identificados como Jorge "N", Artemio "N", Sergio "N", Jesús "N", Yadira "N", Aarón "N", Yael "N", Conrado "N" y Lino "N".
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó pruebas suficientes para acreditar la probable responsabilidad de los acusados.
En tanto, un juez impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
La FGR precisó que las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas como resultado de trabajos de investigación de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agenci de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El Diario de Xalapa informó que entre los detenidos se encuentra un exdelegado de la Delegación XX de la SSP y el segundo al mando de esa división. Dicha situación encendió las alertas por el alto nivel de responsabilidad que ambos agentes tenían dentro de la estructura de seguridad estatal.
Según las investigaciones, los expolicías habrían participado en el secuestro y tortura de cinco víctimas entre julio y septiembre de 2023, hechos que son indagados por su presunto delito de alto impacto y violaciones a derechos humanos.
Ante este suceso, la FGR reiteró que mantiene su compromiso con las víctimas y con el esclarecimiento de los hechos, al tiempo que recordó que las personas imputadas se presumen inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria.
Este caso se suma a una serie de investigaciones en el estado por la presunta participación de policías estatales en secuestros y desapariciones.
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