Culiacán, Sin.- El refrán popular advierte que no deben extraerse conclusiones generales a partir de un hecho aislado. Un solo caso, por positivo que parezca, no establece una regla ni transforma una realidad estructural.
El reciente caso de Tequila, Jalisco, donde prácticamente se desarticularon los poderes municipales tras la destitución del alcalde en funciones, Diego Rivera Navarro —actualmente bajo prisión preventiva en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, en espera de que se defina su situación jurídica—, es sin duda un hecho de enorme relevancia institucional.
La Fiscalía General de la República acusa al edil, junto con cinco personas más —entre ellas Diego López Ibarra, jefe de Gabinete del ayuntamiento, y Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública—, de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro y secuestro agravado. También fue imputado Severo Flores Mendoza, alias El Rey Mago, señalado como presunto enlace entre el CJNG, a través de Armando Gómez Núñez, conocido como Delta 1, y el ahora exalcalde detenido.
La actuación del gobierno federal merece reconocimiento. También la del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Sin embargo, si aspiramos a fortalecer verdaderamente el Estado de derecho, no basta con acciones correctivas. Se requiere una estrategia preventiva, sistemática y territorialmente focalizada.
En materia de seguridad e infiltración criminal en gobiernos locales, la prevención debe anteceder al castigo. Es especialmente pertinente ahora que el proceso electoral de 2027 se aproxima. Sólo en Sinaloa implicará el registro de 3 mil 768 candidaturas entre regidurías, alcaldías, diputaciones locales y federales, así como la gubernatura. El volumen mismo del proceso exige mecanismos de blindaje institucional más robustos.
Resulta indispensable escuchar a la sociedad civil, que de manera reiterada demanda perfiles vinculados genuinamente con la ciudadanía: personas con trayectoria pública comprobable, participación cívica acreditada, honestidad manifiesta y solvencia moral. No basta la popularidad coyuntural ni la capacidad de movilización electoral; se requiere integridad, arraigo comunitario y congruencia entre vida pública y privada.
Corresponde a los partidos políticos asumir con seriedad la responsabilidad de postular candidatos idóneos. Pero también compete al Estado mexicano garantizar condiciones de equidad, legalidad y vigilancia efectiva en el próximo proceso electoral.
Lo ocurrido en Tequila es un precedente importante. No obstante, sería deseable que cualquier reforma electoral en discusión incorpore, como prioridad, al menos dos componentes fundamentales:
- La identificación estratégica de regiones particularmente vulnerables a la captura institucional por el crimen organizado, con esquemas de supervisión y blindaje reforzados.
- La auditoría estricta del origen y destino de los recursos en esas zonas, con mecanismos de fiscalización preventiva y no únicamente sancionatoria.
Hasta ahora, no parece existir una voluntad suficientemente clara para colocar estos temas en el centro del debate público. Si no se actúa con oportunidad, seguiremos reaccionando ante las crisis en lugar de anticiparlas.
Porque, al final, un caso emblemático no transforma por sí mismo una realidad nacional.
Y conviene recordarlo: una golondrina no hace verano.
