El viernes pasado, la Suprema Corte de Estados Unidos emitió una decisión que podría redefinir el tablero comercial de América del Norte. En una votación de seis contra tres, la Corte determinó que el presidente Trump no tenía facultades para imponer aranceles generales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). El dato más significativo: dos de los tres jueces que votaron en contra fueron nominados por el propio Trump.
¿Qué perdió exactamente la Casa Blanca? IEEPA era la herramienta más poderosa de su arsenal arancelario: sin un techo preestablecido, sin límite temporal, sin supervisión parlamentaria. La norma permitía subir o bajar aranceles como instrumento de negociación, en tiempo real. Esa flexibilidad ya no existe y ninguna de las alternativas disponibles se le acerca.
Trump reaccionó de inmediato anunciando aranceles de 15% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Su alcance es muy distinto: tiene un tope de 15%, vigencia máxima de 150 días y, después de ese plazo, requiere aprobación del Congreso para mantenerse vigente. Sin embargo, nada impide que la Casa Blanca deje vencer el plazo, declare una nueva emergencia y reinicie el conteo. El mecanismo podría derivar en un ciclo indefinido, convirtiendo una limitación legal en una simple formalidad administrativa.
¿Qué sigue para México?
Los bienes que cumplen las reglas de origen del T-MEC quedan exentos del arancel global. Más de 85% de las exportaciones mexicanas ya ingresan libres de gravámenes gracias al tratado. La cobertura se preserva. Los impuestos sectoriales bajo la Sección 232, como los del acero y el aluminio, permanecen vigentes. Y, al mismo tiempo, la reducción generalizada para el resto del mundo reduce la ventaja competitiva relativa de México frente a otros países.
Hay un frente que no debemos perder de vista: más de 134 mil millones de dólares recaudados en aranceles durante la vigencia de la medida inconstitucional. La Corte no estableció ningún mecanismo de devolución: eso podría abrir la puerta a litigios que podrían extenderse durante años, con efectos directos sobre importadores con operaciones binacionales en sectores estratégicos, como el automotriz.
Se estima que los aranceles generarían entre dos y tres billones de dólares en la próxima década (Budget Lab, de Yale). Prácticamente la mitad de esa recaudación desaparece con el fallo de la Corte. La realidad presionará al Ejecutivo estadounidense a buscar compensaciones fiscales, lo que añade una variable adicional en la mesa de la revisión del T-MEC.
De cara a ese proceso, la volatilidad y la incertidumbre se mantienen. Tener una capacidad real para negociar exigirá mucha preparación, argumentos sólidos sobre reglas de origen, cadenas de valor y cumplimiento de obligaciones. No hay espacios para la improvisación. Ni para el gobierno que negociará los términos ni para los sectores productivos que asumirán los costos.
En pocas palabras: el fallo de la Corte Suprema estadounidense es una buena noticia para México, pero no lo será por mucho tiempo. El momento más importante de una negociación está en la preparación antes de sentarse a negociar.
