La aplanadora que destruye el Estado de derecho y la democracia en el país ha encontrado porristas inesperados en la élite académica.
Ganas de encontrar lugar de última hora en el tren donde viaja el grupo gobernante, o clasismo y visceralidad es lo que exhiben al descalificar la denuncia hecha por Ricardo Salinas Pliego ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Argumentan que esa instancia, la CIDH, es para los débiles y el dueño de Azteca es poderoso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es para débiles o poderosos, sino para quien la necesita.
A la justicia, simbolizada por Temis con los ojos vendados, no le importa quién reclama, sino qué reclama.
Con el argumento de que las instancias de justicia (aunque sus resoluciones sólo tienen peso moral) deban ser para los débiles, habría que aplaudir la reforma judicial hecha “para defender al pueblo”.
Es evidente que hay una guerra del gobierno para destruir la economía y la reputación de Ricardo Salinas, y no porque deba impuestos -cosa que no ha negado, según sabemos-.
La presidenta, y su vengativo antecesor, han usado de manera ilegítima la fuerza del Estado contra Salinas Pliego porque rehusó ser súbdito de un grupo que se quiere perpetuar en el poder.
A Ricardo Salinas no lo persiguen por ser dueño de Elektra, sino porque es dueño de Azteca (donde he tenido diversos programas) y desde ahí se difunde información que molesta al gobierno.
Más de 300 veces, López Obrador y Claudia Sheinbaum, se han referido a él de manera ofensiva desde la tribuna presidencial.
El gobierno usa los medios de comunicación del Estado para promover el odio contra el empresario y destruir la credibilidad de su televisora.
Ricardo Salinas denunció en la OEA que en México se persigue a las voces críticas y se usa al fisco para restringir la libertad de expresión.
¿Qué hay de falso en ese alegato?
Lo fuerte, en este caso, es que el dueño de la segunda cadena de televisión más importante del país no se dobló para alcanzar un acuerdo con el gobierno, lo que siempre es posible si el empresario infractor se sube al trenecito de la llamada 4T.
Salinas Pliego fue ante el relator de la CIDH a denunciar los atropellos a que está expuesto quien ejerce la libertad de expresión en México.
Qué bien le haría al país si otros grandes empresarios dejaran de aplaudir la destrucción de todo aquello que los protege -Estado de derecho, división de poderes, medios de comunicación libres-, a cambio de contratos de obra pública sin concurso y un lugar VIP en el tren de la locura.
A mucha gente le molesta el modo de expresarse de Ricardo Salinas, sus ideas y su irreverencia con los funcionarios del gobierno. Pero ese es otro tema.
El gobierno detesta y persigue a Ricardo Salinas porque era cercano a López Obrador y después dejó de serlo.
Con él ocurrió lo que con mucha gente sensata que le dieron el beneficio de la duda a AMLO y luego cambiaron de opinión ante la destrucción y la irracionalidad de las decisiones del entonces presidente.
Su alegato ante la CIDH tendría que ser respaldado por el grueso del sector privado del país, y que se sepa aquí y en las instancias internacionales que México vuela hacia una dictadura.
