Lo que sea que envíe la presidenta hoy a alguna de las cámaras en materia político electoral es plan D.
Hay que llamarlo por su nombre porque es ahí donde se registran los tres fracasos anteriores.
La nueva iniciativa parece que se meterá en la esfera de lo local, violando la autonomía de los estados y querrá regular la conformación de cabildos y Congresos locales, además pretende ordenarle a todo el mundo que nadie debe ganar más que la presidenta e imponer la revocación de mandato en la misma fecha que la elección intermedia. Una nueva aberración, pues.
Este cuarto intento, tal vez corra con la suerte de ser aprobado. Parece que hay acuerdo entre socios, previa eliminación de algunos puntos que les hacían ruido; el PT y el PVEM han declarado que apoyarán.
Lo cierto es que esta iniciativa carga con el mismo método antidemocrático de las anteriores:
- Fueron elaboradas desde el poder y para el poder.
- No se tomó en cuenta a nadie y se pretenden imponer a la fuerza.
- El encargado de su diseño es Pablo Gómez, a quien todo le ha salido mal gracias a su enorme soberbia e incapacidad para dialogar.
- Se hicieron con el pretexto del ahorro de tres pesos y bajo el argumento de que "la democracia mexicana es muy cara".
- Ningún ciudadano ni partido político la pidió.
A reserva de revisarla y con la experiencia de las tres anteriores, es muy probable que esté llena de errores, textos inconstitucionales y hasta faltas de ortografía.
El largo historial de fracasos legislativos en materia político-electoral de los dos últimos sexenios está vinculado al afán y la necedad de reformar lo que sea que le dé más poder al régimen morenista. Si es la Constitución, mejor.
El plan A fue presentado en 2022 por Andrés Manuel López Obrador —padre político de Claudia Sheinbaum—. Era una iniciativa de reforma constitucional de gran alcance que pretendía, en pocas palabras, destruir al INE mediante el debilitamiento de su autonomía y la cooptación de su Consejo General. Esa iniciativa fue rechazada por PAN, PRI y PRD después de una de las movilizaciones ciudadanas más grandes de la historia.
López Obrador respondió presentando lo que llamó el plan B, un paquete de reformas a leyes secundarias que desmembraba al INE; la intención era dejarlo débil. Esa reforma fue aprobada por su mayorías en las cámaras, pero la SCJN le puso un alto sin entrar al fondo, ya que fue aprobada mediante violaciones al proceso legislativo.
El plan C fue anunciado el 5 de febrero de 2024 por López Obrador y lo enganchó a la campaña de Sheinbaum. Se trataba de un paquete de reformas constitucionales que formaron parte de la propuesta de campaña presidencial de la hoy presidenta. El plan C representó un golpe mortal a la democracia constitucional de nuestro país e incluía, entre otras, la recién rechazada reforma electoral que buscaba debilitar a la oposición y le otorgaba enormes ventajas al partido en el poder para enquistarse hasta el infinito. Ni los aliados de Morena la apoyaron; sería darse un balazo en el pie.
Ahora viene el intento más reciente, al que la presidenta llama "plan B" para restarle peso a la cantidad de veces que han intentado aprobar reformas electorales sin construcción, deliberación o diálogo con otros partidos ni con la sociedad civil. De ahí sus reiterados fracasos.
Lo que resulte de esto será lo que quede para la historia como una gran lección: para modificar las reglas del juego hay que involucrar a todos los que participan en él.
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