Al reducir el financiamiento a los partidos políticos y el tiempo en radio y televisión, propicia inequidad al favorecer a Morena, explica Luis Carlos Ugalde
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Al reducir el financiamiento a los partidos políticos y el tiempo en radio y televisión, propicia inequidad al favorecer a Morena, explica Luis Carlos Ugalde
La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum es de menor alcance a las de Andrés Manuel López Obrador de 2022, denominadas Plan A, que era constitucional, y Plan B que era a leyes secundarias.
Aun así, señala la consultoría Integralia, que encabeza Luis Carlos Ugalde, es de alto riesgo, pues al reducir el financiamiento a los partidos políticos y el tiempo en radio y televisión, propicia inequidad al favorecer a Morena.
Y aunque señala la propuesta de Sheinbaum como “diluida”, respecto a las de López Obrador, la considera regresiva y además no atiende temas clave que debieran regularse, pero no se hace porque afectarían a Morena.
Señala la resistencia gubernamental a implementar mecanismos para enfrentar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales; los límites a la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión, y el transfuguismo parlamentario.
Además, menciona, la fecha de la elección judicial se mantiene como concurrente con la elección de los otros poderes, lo cual representa un gran riesgo operativo para el Instituto Nacional Electoral (INE) y una sobreexposición de información para los votantes.
En su análisis, Integralia señala sin tener las reformas secundarias en la materia, no es posible estimar todas las implicaciones de las modificaciones que propone la iniciativa presidencial.
“Tanto la propuesta de reducciones a la estructura del INE como los detalles de la asignación de diputaciones plurinominales podrían incluirse en las reformas legales”, precisa.
En 2022 el entonces presidente López Obrador propuso una reforma electoral, el llamado Plan A, en la que propuso la disminución del tamaño de las Cámaras y modificación al sistema de representación proporcional; restructura orgánica y administrativa del INE; elección de consejerías por voto popular.
Reducción del finananciamiento público a partidos políticos y costo de elecciones; duración de campañas; justicia electoral y voto electrónico.
El Plan B lo descafeinó un poco, ahí solo proponía la modificación orgánica y administrativa del INE; justicia electoral y voto electrónico.
La presidenta Sheinbaum solo retomó la disminución de recursos para partidos políticos y costos de las elecciones, y el voto electrónico, pero esto solo para la democracia participativa.
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