Información del diario Debate, revela que Yerladine Bonilla admitió que miles de familias permanecen fuera de sus comunidades de origen por la violencia que azota a Sinaloa desde hace 21 meses
...
Información del diario Debate, revela que Yerladine Bonilla admitió que miles de familias permanecen fuera de sus comunidades de origen por la violencia que azota a Sinaloa desde hace 21 meses
A 21 meses de la crisis de violencia que sacude a Sinaloa, el propio Gobierno del estado reconoció la existencia de un padrón de aproximadamente 3 mil personas desplazadas por la inseguridad, una cifra que evidencia que las secuelas del conflicto continúan presentes en amplias zonas rurales y serranas de la entidad.
De acuerdo con información publicada por el diario Debate, la administración estatal informó que miles de familias permanecen fuera de sus comunidades de origen, mientras otras apenas comienzan a evaluar un eventual retorno.
El reconocimiento oficial de 3 mil desplazados ocurre en un contexto donde la violencia continúa generando impactos sociales y económicos profundos. Apenas este mes, Escuinapa volvió a colocarse en el centro de la atención nacional tras una serie de hechos violentos que incluyeron ataques armados y la explosión de un vehículo, episodios vinculados al conflicto entre grupos criminales que disputan el control territorial en Sinaloa.
La gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde señaló que el registro de personas desplazadas es atendido por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), además del DIF y otros programas gubernamentales destinados a brindar apoyo alimentario, económico y educativo.
La mandataria aseguró que en municipios como San Ignacio, Badiraguato y algunas comunidades rurales de Culiacán se han reportado regresos voluntarios de familias que consideran que existen condiciones mínimas para volver a sus hogares. Sin embargo, admitió que no cuenta con información actualizada sobre otros focos de desplazamiento, particularmente en Escuinapa, donde habitantes han denunciado la salida de numerosas familias hacia otras regiones del país.
Mientras el gobierno estatal admite que miles de personas siguen lejos de sus hogares, el discurso federal ha insistido en que la estrategia de seguridad muestra avances sostenidos.
El 4 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que instruyó al Gabinete de Seguridad a reforzar la coordinación con el gobierno de Sinaloa y a mantener la presencia federal para preservar la seguridad en la entidad, en medio de la crisis política y de seguridad que atravesaba el estado.
Posteriormente, durante su informe de gobierno de finales de mayo y en diversas conferencias realizadas en junio, la mandataria sostuvo que México registra una disminución en los delitos de alto impacto y defendió la efectividad de la estrategia nacional de seguridad, basada en inteligencia, coordinación institucional y presencia territorial de las fuerzas federales.
En materia económica, Sheinbaum también ha afirmado que existe certidumbre para la inversión y que el país mantiene condiciones favorables para el crecimiento económico, incluso en regiones que han enfrentado episodios de violencia.
Aunque los indicadores oficiales pueden registrar disminuciones en algunos delitos, el hecho de que 3 mil personas permanezcan inscritas en un padrón de desplazados refleja que miles de sinaloenses aún no consideran seguro regresar definitivamente a sus comunidades.
El desplazamiento forzado es uno de los efectos más severos de la violencia criminal porque no sólo implica la pérdida temporal del hogar. También supone la interrupción de actividades productivas, el abandono de tierras agrícolas, la desintegración de comunidades y afectaciones a la educación de niñas, niños y adolescentes.
La propia administración estatal reconoce que continúa otorgando despensas, apoyos económicos y acompañamiento institucional a familias que permanecen fuera de sus lugares de origen, una señal de que la emergencia social sigue vigente.
En términos económicos, el desplazamiento también representa un indicador relevante. Cada familia que abandona una comunidad implica una reducción de actividad productiva, consumo local y desarrollo regional. En municipios serranos y rurales, donde la economía depende en gran medida de la agricultura, la ganadería y el comercio de proximidad, la salida de habitantes tiene efectos que trascienden el ámbito de la seguridad.
Por ello, especialistas consideran que la recuperación no puede medirse únicamente a partir de detenciones, decomisos o estadísticas delictivas, sino también por la capacidad de las familias para regresar a sus hogares sin temor.
También te puede interesar
Recomendar Nota
Contacto
