La presidenta Claudia Sheinbaum descalifica como “propaganda” las acusaciones contra el régimen de Nicolás Maduro; sin embargo, para los más reconocidos organismos internacionales de derechos humanos se trata de datos y hechos reales
La presidenta Claudia Sheinbaum descalifica como “propaganda” las acusaciones contra el régimen de Nicolás Maduro; sin embargo, para los más reconocidos organismos internacionales de derechos humanos se trata de datos y hechos reales
Durante su conferencia matutina de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el posicionamiento de su gobierno frente a la intervención armada de Estados Unidos en venezuela y el proceso que se le sigue al dictador depuesto Nicolás Maduro.
Al puntualizar nuevamente que “no se puede aceptar ningún tipo de intervención a un país como Venezuela o que se utilice la fuerza para llevarse a un presidente como sucedió con el político venezolano”, la Jefa del Ejecutivo planteó que eso "es muy importante, incluso para toda la propaganda que ha habido en contra de Venezuela o para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o el 'chavismo' en Venezuela”.
Sin embargo, lo que para la presidenta Sheinbaum son acusaciones contra el régimen de Maduro fincadas en mera “propaganda”, para diversas organizaciones internacionales se trata de sólidas imputaciones corroboradas y hechos comprobados.
Tras su captura y traslado a Estados Unidos el pasado 3 de enero, Nicolás Maduro enfrenta como principal cargo su complicidad con el narcotráfico, en particular liderar el Cártel de los Sole, estructura criminal designada oficialmente como una Organización Terrorista Extranjera (OTE) por Estados Unidos. Dicha organización está integrada por altos mandos militares y figuras clave del Estado venezolano que utilizan infraestructuras gubernamentales para el tráfico de cocaína.
Igualmente se han documentado nexos operativos entre el régimen y grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, las FARC y el ELN para coordinar envíos de droga hacia Estados Unidos y Europa. Debido a lo anterior, los cargos que enfrenta maduro incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, lavado de dinero y delitos con armas de fuego.
Por otra parte, diversos informes de Inteligencia y Organismos Civiles también desmienten que las acusaciones sean “propaganda”. En distintos informes publicados en 2025 InSight Crime y Transparencia Venezuela señalan que Venezuela se consolidó como un "refugio ideal" para guerrillas colombianas y un centro de operaciones para el crimen organizado transnacional.
En mayo de 2025 diversos informes presentados ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) detallaron el uso de recursos del Estado para financiar operaciones ilícitas y asegurar la permanencia del régimen en el poder.
En materia de derechos humanos tampoco los organismos internacionales consideran que se trate de “propaganda” la acusación contra el régimen de Maduro.
Los informes más recientes y significativos sobre Venezuela a inicios de 2026 coinciden en un agravamiento crítico de la represión estatal tras el ciclo electoral de 2024, señalando la persistencia de crímenes de lesa humanidad.
Antes, en septiembre de 2025 la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU presentó un reporte muy exhaustivo; confirma que el Estado venezolano ha cometido asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual de manera sistemática para reprimir a la disidencia. Documenta que la represión ya no se limita a políticos, sino que incluye a sus familiares (incluso niños y adolescentes) para ejercer presión psicológica.
Detalla un aumento "sin precedentes" en la violencia estatal desde julio de 2024, con más de 2,200 detenciones y 23 muertes en contextos de protesta.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha introducido conceptos jurídicos más severos en su más reciente informe (diciembre 2025 / enero 2026). Por primera vez, el organismo califica las prácticas del régimen de Maduro como una estrategia de "terrorismo de Estado" para infundir miedo y anular la participación política.
Concluye también que la reelección de 2024 carece de legitimidad debido a graves irregularidades y manipulación de resultados por parte del CNE.
Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han documentado asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad y "colectivos" (grupos armados parapoliciales), además de casos generalizados de desapariciones forzadas. A inicios de enero de 2026, Amnistía Internacional ha emitido alertas urgentes sobre el impacto en los derechos humanos tras la acción militar de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de figuras de la cúpula estatal.
Adicionalmente, la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene que existen fundamentos razonables para procesar a las autoridades venezolanas por crímenes internacionales bajo el Estatuto de Roma. Esencialmente, sus reportes consignan que Venezuela atraviesa un periodo de control social absoluto mediante el miedo, donde la independencia judicial es inexistente y los órganos estatales funcionan como herramientas de persecución política.
