Se propone modificar la Constitución para que la revocación de mandato pueda llevarse a cabo el 6 de junio del próximo año
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Se propone modificar la Constitución para que la revocación de mandato pueda llevarse a cabo el 6 de junio del próximo año
El Senado de la República recibió la iniciativa de reforma electoral, el llamado Plan B, en el que se propone modificar la Constitución para que la revocación de mandato pueda llevarse a cabo el 6 de junio del próximo año.
De acuerdo con el texto enviado por el Ejecutivo Federal, la presidenta Claudia Sheinbaum no solo estaría en la boleta, sino que podría hacer campaña. “La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor”, señala el documento.
Si es aprobada esa propuesta, Sheinbaum estará en la boleta electoral y hará campaña, lo que, acusan los opositores, rompe con la equidad en la contienda.
Actualmente, el artículo 35 de la Constitución señala que la revocación de mandato “se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional”.
Sin embargo, la propuesta presidencial busca que este ejercicio se pueda realizar en el tercer o cuarto año de gobierno, lo que seguramente pondría a la presidenta Sheinbaum en la boleta de la elección concurrente del 2027.
En la elección intermedia se elegirán 17 gobernadores, se renovarán las 500 curules de la Cámara de Diputados, 30 Congresos locales, 680 presidencias municipales y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, además de que se llevará a cabo la elección judicial. A todos esos procesos electorales, ahora se sumaría la revocación de mandato.
La iniciativa contempla reformar el artículo 134 constitucional para que consejeros y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), de tribunales y organismos electorales locales no ganen más que la presidenta de la República.
Aunado a ello, tampoco podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones.
En la exposición de motivos, la iniciativa señala que la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos públicos, así como su deficiente e ineficaz administración, han sido un lastre que ha afectado negativamente la correcta administración pública en todos los órdenes de gobierno, así como el cumplimiento de sus objetivos institucionales, en detrimento de la población nacional, “particularmente antes de 2018”.
El objetivo, establece, es acabar con las prebendas y la corrupción de la alta burocracia, pues el gobierno no debe ser una carga para el pueblo y las personas servidoras públicas no deben tener ventajas a costa del presupuesto.
En la conferencia de prensa matutina, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que en el marco de esta reforma también se moficiarán leyes secundarias, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En este sentido, se plantea fortalecer la fiscalización mediante convenios entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, a fin de revisar el origen de los recursos utilizados en campañas, incorporando el uso de tecnologías para mejorar los procesos de fiscalización
Asimismo, explicó, se pretende reformar la Ley General de Partidos Políticos para obligar a los partidos a transparentar las remuneraciones de sus dirigentes, reportar en tiempo real sus operaciones financieras a través de mecanismos bancarizados y establecer límites salariales por debajo del ingreso presidencial.
Además de prohibir de manera expresa el uso de recursos ilícitos (no se mencionan sanciones en caso de que esto ocurra), de origen extranjero o en efectivo en campañas electorales.
La propuesta de reforma al artículo 115 constitucional plantea una reconfiguración de las regidurías para que los cabildos se intengren con mínimo de 7 y máximo de 15 integrantes, así como la limitación a una sola sindicatura por municipio.
Lo anterior, explicó Rosa Icela Rodríguez, tiene el propósito de garantizar la representación sin sobredimensionar estructuras.
En cuanto a la reducción de los gastos en los Congresos locales, artículo 116, la iniciativa propone un tope de gasto equivalente al 0.70% del presupuesto estatal, ahorros que se destinarían a infraestructura pública en entidades y municipios.
El Senado de la República también será objeto de recorte. Se propone una reducción del 15 por ciento de su presupuesto, el cual se llevará de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes. Este ajuste tendrá como referente el presupuesto aprobado para 2026.
Otro punto destacado de la propuesta presidencial, es que los cómputos electorales federales y locales comenzarán el mismo domingo de la elección.
Es decir, desde la recepción del primer paquete electoral al término de la jornada. Esto, señaló la titular de Gobernación, tiene el propósito de dar mayor inmediatez y certeza al proceso.
La iniciativa del Ejecutivo Federal propone reformar los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, además de leyes secundarias para generar ahorros y que estos se inviertan en beneficio de estados y municipios.
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