Acción Nacional atribuye la acusación a la estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” y a la crisis de violencia registrada durante el sexenio pasado
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Acción Nacional atribuye la acusación a la estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” y a la crisis de violencia registrada durante el sexenio pasado
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, informó este sábado que su partido presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la estrategia de seguridad aplicada durante su gobierno.
A través de un mensaje difundido por Acción Nacional, Romero sostuvo que la denuncia busca que se investigue la responsabilidad de quienes, según el partido, permitieron que México enfrentara una de las etapas más violentas de su historia reciente.
El PAN vinculó la acusación con la política de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, impulsada durante el sexenio anterior. De acuerdo con el partido, dicha estrategia derivó en el fortalecimiento de las organizaciones criminales y en el agravamiento de fenómenos como los homicidios, las desapariciones, las masacres, el desplazamiento forzado de comunidades y la pérdida de control territorial por parte del Estado en diversas regiones del país.
En el material difundido, Acción Nacional aseguró que la crisis de violencia no fue resultado de circunstancias aisladas, sino de una decisión política deliberada. El partido afirmó que durante el gobierno de López Obrador se registraron alrededor de 200 mil homicidios y más de 150 mil personas desaparecidas, además de miles de hechos violentos atribuidos al crimen organizado.
“El resultado de esa política hoy está a la vista de todos”, señala el mensaje panista, que sostiene que la estrategia federal permitió que los grupos criminales incrementaran su poder económico, territorial y político.
Como parte de sus señalamientos, el PAN también afirmó que existen investigaciones y acusaciones que apuntan a presuntos vínculos entre integrantes de Morena y organizaciones criminales. En ese contexto mencionó a los gobernadores Rubén Rocha Moya, Alfredo Ramírez Bedolla, Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya, todos emanados de Morena.
La dirigencia panista sostuvo que sus denuncias plantean la existencia de una política de permisividad y omisión frente al crimen organizado. Según el partido, mientras los cárteles ampliaban su influencia, reclutaban jóvenes y desplazaban comunidades enteras, las autoridades permitieron su fortalecimiento.
Acción Nacional justificó además su decisión de acudir a instancias internacionales al señalar que en México no existen condiciones suficientes para garantizar investigaciones independientes sobre estos hechos. El partido argumentó que las fiscalías han perdido autonomía y que el Poder Judicial se encuentra políticamente influenciado por Morena.
En la parte final de su mensaje, el PAN exigió una investigación internacional sobre los hechos denunciados y sostuvo que ninguna persona, incluido un expresidente de la República, debe estar por encima de la ley.
Hasta el momento, ni López Obrador ni Morena habían emitido una respuesta pública a los señalamientos realizados por la dirigencia nacional panista.
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