Artículo 19 señala que las reformas aprobadas menoscaban la garantía de derechos, la rendición de cuentas y los contrapesos al poder
...
Artículo 19 señala que las reformas aprobadas menoscaban la garantía de derechos, la rendición de cuentas y los contrapesos al poder
Organizaciones civiles mexicanas advirtieron que las distintas reformas impulsadas desde el gobierno de Andrés Manuel López representan un retroceso en materia de derechos humanos y configuran un peligroso escenario para la democracia y el ejercicio libre de los derechos en México.
En el informe titulado “Derechos humanos y democracia: un panorama de retrocesos en diversos ámbitos” que será analizado por el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Comité de Derechos Humanos) en su sesión de marzo señalan temas que evidencian la crisis en la garantía de derechos y libertades fundamentales.
Destacan la eliminación de contrapesos en el país. Uno de ellos es la reforma al Poder Judicial, indican que desmantela el sistema de justicia al debilitar la independencia de poderes.
Esto, agrega el informe, ha generado un ambiente propicio para la falta de rendición de cuentas y para el abuso de poder, afectando la capacidad de la sociedad civil para exigir transparencia y justicia.
Asimismo, el acceso a la información pública ha experimentado un deterioro significativo. Las organizaciones destacan que las reformas recientes han limitado la transparencia en los procesos de toma de decisiones gubernamentales, lo que agrava la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones.
Respecto a las restricciones fiscales y operativas impuestas a las organizaciones de la sociedad civil, materiales esenciales para la defensa y promoción de derechos humanos, denuncian limitaciones que no solo las afectan, sino que dañan el tejido social y democrático del país.
En cuanto a la militarización, el informe afirma que es uno de los temas más alarmantes de la seguridad pública. Aumentó la presencia militar en funciones de seguridad civil, lo que ha llevado a violaciones de derechos humanos y a una percepción de inseguridad entre la población.
El informe también refiere la impunidad y las desapariciones generalizadas. En ese sentido, indica que las cifras de desapariciones forzadas son alarmantes, y resalta la impunidad que prevalece en estos casos.
Las organizaciones subrayan la necesidad de medidas efectivas para abordar este fenómeno y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
Finalmente, el informe aborda la reforma al amparo y otras restricciones que limitan derechos fundamentales. La vigilancia militarizada y los mecanismos de control han llevado a una situación donde la libertad de expresión se ve coartada, y los periodistas y activistas enfrentan riesgos considerables para llevar a cabo su labor.
Artículo 19, una de las organizaciones que participaron en la elaboración del informe, señala que las reformas aprobadas menoscaban la garantía de derechos, la rendición de cuentas y los contrapesos al poder, elementos esenciales para una democracia.
Los cambios más profundos, apuntó, se dieron en 2024 y 2025, a partir de una sobrerrepresentación política en el Congreso que redujo los incentivos para el debate público y la deliberación democrática.
Artículo 19 indicó que a efecto de que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos en materia de derechos civiles y políticos, “instamos al Comité le solicite adoptar medidas concretas, verificables y con plazos definidos y razonables para implementar las siguientes recomendaciones:
Revertir la reforma a la ley de amparo, aprobar reformas que garanticen la independencia del Poder Judicial, establecer un marco legal que obligue a partidos y a autoridades a rendir cuentas, revertir la reforma constitucional y establecer un plan para el retiro paulatino de las fuerzas armadas de las calles.
Implementar protocolos obligatorios de derechos humanos para las fuerzas armadas, establecer mecanismos independientes de supervisión para la prevención de la tortura y supervisión penitenciaria; fortalecer las obligaciones del Estado en materia de prevención, atención y justicia para víctimas.
Asimismo, demandan que se elimine del marco constitucional la prisión preventiva, garantizar la protección de datos personales, crear un andamiaje institucional que garantice la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, y reformar la política migratoria para incorporar un enfoque humanitario y de derechos humanos.
Contacto
