El crecimiento económico ha vuelto al centro del discurso público. Desde distintos planes y programas, el gobierno ha insistido en que México debe acelerar su expansión y aumentar el crédito, y en la Convención Bancaria la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los banqueros elevarlo de 38% a 45% del PIB para impulsar la inversión y el empleo. El mensaje es oportuno y, en principio, bienvenido: un país con bajo crecimiento difícilmente puede elevar los niveles de vida de su población.
Sin embargo, entre el discurso y los resultados hay una brecha importante. La economía mexicana opera con limitaciones estructurales que no se resuelven con declaraciones ni con reuniones públicas con inversionistas. Mientras esas restricciones persistan, el crecimiento seguirá siendo modesto.
Parte de los problemas actuales no son de ayer. En años recientes se frenaron inversiones clave, particularmente en el sector energético, y se deterioraron las finanzas públicas, lo que redujo el margen de acción del gobierno en turno. Estos factores pesan hoy sobre las decisiones de inversión y sobre la capacidad del Estado para impulsar proyectos productivos de gran escala.
A ello se suma un elemento central: la confianza. Las expectativas de empresarios, inversionistas y consumidores dependen no solo de variables económicas, sino también de la estabilidad institucional y del respeto a reglas claras. Cuando se perciben cambios abruptos en acuerdos políticos o en el marco legal, la reacción natural es la cautela. La experiencia histórica muestra que los costos de la incertidumbre suelen manifestarse en menor inversión y crecimiento más lento.
Si el objetivo es crecer de manera sostenida, resulta indispensable identificar y remover los principales frenos de la economía. Entre ellos destaca la elevada informalidad, que limita la productividad y reduce la base fiscal. También pesa una regulación compleja y fragmentada entre los distintos niveles de gobierno, que encarece la operación de empresas formales y desincentiva nuevos proyectos.
El factor trabajo se ha vuelto cada vez más oneroso para muchas empresas, no solo por los salarios, sino por cargas administrativas y costos asociados al cumplimiento normativo. A esto se suma una política recaudatoria percibida como agresiva, que genera tensiones con el sector productivo sin necesariamente traducirse en una mayor inversión pública ni mejores servicios públicos.
En el ámbito subnacional, la inversión pública se mantiene por debajo de su potencial. Estados y municipios con capacidad de financiamiento no siempre la utilizan para detonar infraestructura y servicios que impulsen la actividad económica. Esta falta de inversión local también actúa como un freno al crecimiento regional cuya suma da el nacional.
Además de los frenos, la economía arrastra lastres estructurales. Uno de los más visibles es el de las empresas públicas que demandan recursos fiscales significativos sin lograr mejoras claras en eficiencia operativa. El peso de estas cargas limita el uso de recursos públicos en áreas como infraestructura, salud o educación, que tienen mayor impacto sobre el crecimiento de largo plazo.
El sector eléctrico merece una mención especial. La insuficiente expansión de la infraestructura de transmisión y distribución se ha convertido en un obstáculo real para nuevos proyectos productivos. Sin un suministro confiable y suficiente de energía, muchas inversiones simplemente se posponen o se trasladan a otros países. Los ajustes recientes a la legislación, aunque positivos en intención, resultan insuficientes frente a la magnitud del reto.
El mensaje es claro: si de verdad se quiere crecer, no basta con fijar metas ambiciosas. Es necesario traducir el discurso en decisiones que reduzcan la incertidumbre, fortalezcan la inversión pública y privada, y liberen a la economía de frenos y lastres que hoy la inmovilizan. El crecimiento real no se decreta ni se invoca, se construye con confianza, reglas claras y políticas que miren más allá del corto plazo.
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