Saltillo, Coah.- Durante años, muchas violencias contra las mujeres no desaparecieron: simplemente no tenían nombre. Se escondían detrás de frases cómodas: “Es un pleito familiar”, “es un tema privado”, “no hay delito”, y así, en silencio, se normalizaban. Hoy, cada vez que una nueva forma de violencia entra al debate público, la discusión incomoda. Pero incomoda justamente porque nombrar es el primer paso para no repetir los errores del pasado.
No toda la violencia deja moretones visibles. Muchas se manifiestan en el acecho silencioso, en la amenaza constante, en el control cotidiano, en el uso de los hijos como arma, en el miedo que no siempre se denuncia porque durante años no supo cómo explicarse. Y es ahí donde Coahuila ha ido, en varios aspectos, un paso adelante frente a otros estados.
Uno de los avances más claros es la tipificación del delito de acecho. Mientras en buena parte del país estas conductas siguen diluidas entre el acoso o la violencia psicológica —cuando no minimizadas—, Coahuila decidió nombrarlas y sancionarlas de forma específica. Vigilar, perseguir, buscar cercanía insistente, contactar de manera reiterada por cualquier medio: prácticas que muchas mujeres reconocen de inmediato y que durante años fueron desestimadas con un simple “no te ha hecho nada”.
Nombrar el delito importa. Porque lo que no se nombra, no se persigue. Y hoy el acecho dejó de ser un vacío legal en el estado. Existen ya precedentes judiciales que muestran que la ley no se quedó sólo en el papel. Falta camino, sí —criterios más claros, capacitación, aplicación con perspectiva—, pero la herramienta existe. Y frente a otros estados donde este debate ni siquiera ha comenzado, esa diferencia es sustantiva.
Ese mismo adelanto explica por qué la violencia vicaria se ha convertido en uno de los temas más incómodos —y necesarios— del debate público actual. No es un conflicto de custodia ni una disputa legal más. Es una forma de daño que utiliza a hijas e hijos como medio para castigar, controlar o someter a una mujer, casi siempre después de una historia previa de violencia que no logró detenerse a tiempo.
Mirarla sin contexto es mirarla mal.
Hablar de perspectiva de género no significa suspender la presunción de inocencia ni dejar de investigar. Significa entender que las relaciones no se dan en condiciones iguales y que analizar estos casos como si todas las partes partieran del mismo lugar conduce, una y otra vez, a la revictimización. Esa falsa neutralidad ya la conocemos: fue la que durante décadas llamó “problemas privados” a lo que hoy reconocemos como violencia estructural.
El riesgo de borrar el contexto es alto. Cuando se elimina la historia previa, se iguala a víctima y agresor, se diluyen los patrones de control y se convierte el uso de los hijos en un simple desacuerdo legal. En ese proceso, las mujeres vuelven a cargar con la sospecha y los niños quedan atrapados en una disputa que el sistema no alcanza a leer completa.
Coahuila está hoy en un punto decisivo. Ha avanzado en legislación, ha construido una red de atención integral y ha puesto sobre la mesa debates que otros estados siguen evitando. Ese avance, precisamente, obliga a una responsabilidad mayor: aplicar la ley con rigor, sensibilidad y perspectiva, para que figuras necesarias no terminen vaciadas de sentido ni utilizadas sin cuidado.
La justicia no se fortalece cuando se vuelve ciega al contexto. Se fortalece cuando es capaz de mirar completo: la historia, los patrones, las asimetrías y el impacto real en la vida de quienes están en medio. Nombrar la violencia no es ideología. Es una forma de proteger. Y, también, de no volver a equivocarnos.
