Matrimonio de conveniencia el del gobierno que dice que primero los pobres con una minoría de multimillonarios que acaparan la riqueza en México. Una alianza en la que los potentados se comprometen a crear miles y miles de empleos, a sabiendas de que al final las cifras serán inferiores a lo prometido. Y a cambio de la promesa laboral, el gobierno renuncia a tomar medidas para emparejar la balanza de la desigualdad, como adoptar una reforma fiscal progresiva que redistribuya las grandes fortunas, sus herencias, y limite el poder corporativo.
La creación de empleo en 2025 quedó otra vez en números rojos. Los empresarios se comprometieron a crear entre 350 y 400 mil empleos formales y sólo se establecieron 293 mil plazas, que son sólo una cuarta parte para cubrir las demandas de puestos de trabajo. Redistribuir la riqueza y combatir la desigualdad no son políticas de izquierda, ni frenan la inversión o el crecimiento económico.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que la desigualdad es uno de los principales problemas de la economía mundial y llamó a establecer reformas fiscales que permitan elevar los recursos de los gobiernos. La ONG Oxfam, que opera en 90 países, en su estudio Oligarquía o Democracia, plantea que tanta riqueza en tan pocas manos erosiona la democracia y limita el desarrollo económico. David Barkin, profesor emérito de la UAM, calificó a México como uno de los países más desiguales del mundo.
Las reuniones entre los grandes capitalistas con CSP para impulsar el Plan México son importantes por lo que se dice y lo que se calla. Quizá aún no está entre las prioridades de CSP destrabar el nudo gordiano de la desigualdad. 22 de los capitalistas más poderosos de México que la aplauden acumulan entre 35 y 40 por ciento de la riqueza nacional. Y con tal de proteger sus intereses, los empresarios voltean la cara hacia otro lado frente a la involución del régimen que desaparece organismos autónomos, termina con la autonomía judicial y propone una reforma electoral regresiva. Su ceguera al final puede afectar sus intereses.
Una muestra de este ejercicio de alianzas entre los principales oligarcas del sector privado y el gobierno se dio este mes en Palacio Nacional. En lugar de un mensaje económico, la presidenta trató de infundir confianza con un fraseo adjetivado sobre la grandeza nacional, muy en el tono del libro de AMLO, Grandeza. CSP decretó que, al contar México con una fortaleza única, hay que estar orgullosos de nuestro pasado glorioso, extraordinario, maravilloso, así como de nuestro pueblo trabajador con valores. Como corolario, se anunciaron como siempre inversiones conjuntas por 406 mil millones de dólares, con 2 mil 500 proyectos.
Las reuniones entre presidentes (as) y los grandes capitalistas del país son tan antiguas como los inicios del PRI en la década de los años 40 en el siglo XX, sin que hayan perdido ni una pizca su vigor propagandístico. Siempre ha sido un ritual de elogios mutuos en el que los magnates y banqueros anuncian grandes inversiones, con la mente puesta en beneficiarse de los contratos gubernamentales.
Así ha sido durante los gobiernos del PRI, el PAN y ahora con Morena, sin cambios. A las administraciones de AMLO y CSP nunca les importó que los multimillonarios más ricos de México hayan hecho sus fortunas a la sombra de contratos de obra pública durante el PRI y del PAN, como Carlos Slim, German Larrea, la constructora ICA, la familia Miguel Bejos, quien jugaba golf con Enrique Peña Nieto y ahora ligada a Gonzalo Bobby López Beltrán, según Mexicanos Contra de la Corrupción.
