La SHCP publicó los Precriterios Generales de Política Económica 2027, documento técnico que dice poco al ciudadano de a pie, pero cuyo mensaje político de fondo es inequívoco: las generaciones futuras pagarán el ajuste que hoy no se quiere hacer. Mientras tanto, el endeudamiento público seguirá cubriendo la insuficiencia de ingresos, los programas de transferencias en efectivo seguirán creciendo para asegurar el voto, y la calidad de la educación, la salud, la ciencia y la tecnología seguirán deteriorándose. Primero es el poder.
Con esta edición, la SHCP llega con una reputación erosionada. La memoria colectiva no olvida el madruguete de 2024, cuando proyectó un déficit moderado que terminó convertido en uno de los mayores niveles de endeudamiento desde 1990. La justificación fue concluir los proyectos insignia de la administración anterior, aunque en los hechos sirvió también para cubrir el creciente costo de la operación gubernamental, evidenciando la falta estructural de ingresos recurrentes. En 2025 el problema se repitió: la SHCP pecó de optimismo en sus proyecciones de crecimiento, provocando fallas en los indicadores fiscales vinculados al PIB. Con estos antecedentes resulta imposible otorgar credibilidad a un documento que promete consolidación fiscal cuando la realidad política de 2027 apunta en dirección exactamente opuesta.
Ese año se elegirán 17 gubernaturas, se renovará la Cámara de Diputados y se disputarán múltiples congresos estatales. El objetivo no declarado es conservar y ampliar la mayoría calificada a como dé lugar. En ese contexto, el ajuste fiscal no es inviable por razones técnicas: es políticamente inaceptable para quien gobierna. Las transferencias en efectivo no se tocan porque consolidan votos. El gasto programable que sí se recorta es el que financia servicios: maestros, médicos, investigadores, infraestructura educativa. La ecuación es simple y brutal: más regalos, menos Estado.
A ello se suma una debilidad conceptual que agrava el problema. La SHCP confunde los motores de la demanda agregada con los de la producción. Insiste en que el consumo interno, impulsado por salarios, transferencias y remesas, es el motor del crecimiento. Pero el crecimiento sostenible requiere inversión productiva, acumulación de capital y empleo formal. En 2025, el consumo privado apenas creció 1.1% mientras la inversión en maquinaria y equipo caía 8.1%. Esa brecha resume el fracaso del modelo.
Las cifras del propio documento son demoledoras. Para 2027 se proyecta un superávit primario que ninguna de las dos últimas administraciones ha logrado siquiera acercar. Aunque se alcanzara, sería insuficiente frente a un costo financiero de la deuda que devora más de cuatro veces ese superávit. El propio documento reconoce que cualquier tropiezo en el crecimiento económico o en el precio del petróleo —ambos riesgos hoy más probables que improbables— derrumba el frágil equilibrio proyectado.
Sin activos de qué disponer, con un Pemex en declive productivo sostenido y sin reforma tributaria estructural que eleve los ingresos de forma permanente, la hacienda pública está atada de manos. La deuda pública ampliada ha crecido 20 puntos del PIB en menos de dos décadas. Son las generaciones futuras quienes heredarán esa factura.
Los nuevos precriterios no son una base sólida para construir la política fiscal de 2027: son el anuncio de un programa electoral financiado con deuda. El recorte al gasto programable es la cortina de respetabilidad técnica detrás de la cual se esconde una decisión política ya tomada: ganar 2027 primero, pagar después. Y quienes pagarán —los jóvenes y las generaciones por venir— no tienen voz en esta negociación.
En este contexto, es deseable que la primera mandataria convoque a un debate buscando la unidad para darle viabilidad real a gobernar con sostenibilidad de las finanzas públicas y la necesidad impostergable de recuperar inversión, productividad y servicios públicos de calidad, antes de que los costos económicos y sociales sean irreversibles para el país.
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