La gobernadora de Chihuahua acudió este miércoles a las instalaciones de la FGR en Ciudad de México
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La gobernadora de Chihuahua acudió este miércoles a las instalaciones de la FGR en Ciudad de México
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a denunciar al Ministerio Público que le giró un citatorio para que acudiera como testigo, porque esa representación social no tiene facultades para llamarla, pues está protegida por el fuero constitucional.
Acompañada de la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero; por los coordinadores parlamentarios en las Cámaras de Diputados y Senadores, Elías Lixa y Ricardo Anaya, así como por su abogado Roberto Gil Zuarth, la mandataria chihuahuense llegó a la colonia doctores poco antes de las 10:00 horas.
De manera paralela, el director Jurídico del Gobierno del Estado de Chihuahua se presentó a atender el citatorio en Ciudad Juárez con lo que se dio cumplimiento a la solicitud de la FGR entregada el pasado sábado.
Gil Zuarth explicó que con la presencia de la gobernadora en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México obedeció a que es el domicilio que señala el citatorio para presentar objeciones al contenido del documento.
“Por eso la gobernadora está aquí. Nos ceñimos estrictamente al contenido del mal logrado citatorio en el que le fue notificado a la gobernadora el sábado pasado”, indicó.
Y agregó que “con este escrito estamos dando puntual respuesta a la intención inconstitucional de la FGR de sujetar a la gobernadora a un acto de investigación que detrás de una aparentemente inocua entrevista, intentaba lograr un situación preimpunitiva en su contra”.
Afirmó que no reconocen la facultad de ningún Ministerio Público para imponer actos de molestia en calidad de testigo, de inculpado, a la gobernadora Maru Campos, porque la función que desempeña se encuentra protegida por la Constitución.
La inmunidad constitucional, añadió, sirve para resistir este tipo de hostigamientos en contra de un servidor público de oposición.
Maru Campos denunció el uso político de las instituciones federales, y por eso, dijo: “Y salgo a dar la cara, porque tengo la dignidad para hacerlo”, aseguró.
Reiteró que su gobierno colabora sin reservas con la FGR, pero advirtió que se le citó bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada.
En el escrito entregado en la Fiscalía Especial en Investigación de Casos Complejos de la Fiscalía General de la República, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, denunció que el oficio que le hizo llegar el Ministerio Público es “ambiguo, internamente incongruente y carente de debida fundamentación y motivación”.
Por ello, advirtió que no acudió a las instalaciones de Doctor Lavista en la Ciudad de México a comparecer en calidad de testigo ni para sujetarse a acto de investigación alguno.
Explicó que el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales exceptúa de comparecer ante el Ministerio Público u órgano jurisdiccional a los gobernadores. “La excepción me resulta plenamente aplicable”, señaló.
Afirmó en el documento entregado en la FGR que el Ministerio Público carece de atribuciones para someter al titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa a actos de investigación de carácter personal mientras subsista la inmunidad constitucional.
Campos explicó que el artículo 111 de la Constitución restringe cualquier imposición de actos de molestia personal por parte del Ministerio Público y, en su caso, de los órganos jurisdiccionales mientras se ejerza el cargo o se levante la protección constitucional.
“Esta excepción no está sujeta a la discreción ministerial: es el presupuesto mismo de la independencia entre órdenes de gobierno y del ejercicio libre de la función pública, esto es, sin interferencias inducidas por actos de hostigamiento procesal o penal”, apuntó.
“Queda claro que el diseño del Código Nacional es incompatible con la diligencia que pretende el citatorio” y resulta jurídicamente irregular, señaló la mandataria chihuahuense.
El escrito añade que por una parte se le citó como testigo, pero en el citatorio se invocan preceptos propios del imputado.
“Una citación que invoca a la vez el régimen del testigo y el del imputado, y que omite precisar su objeto, coloca a la compareciente en riesgo de una diligencia materialmente preimputativa, encubierta bajo la fórmula de una entrevista” apuntó.
Ese riesgo, precisa en el documento, afecta su esfera jurídica como persona, pero, sobre todo, la función y las garantías institucionales del cargo que le fue conferido.
Reiteró su disposición política e institucional del gobierno de Chihuahua para aportar la información, la documentación y el auxilio que el Ministerio Público estime necesarios.
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