La medida constitucional plantea una reducción gradual del tiempo efectivo de trabajo para el 65 por ciento de los empleados formales en el país
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La medida constitucional plantea una reducción gradual del tiempo efectivo de trabajo para el 65 por ciento de los empleados formales en el país
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marat Bolaños, presentó en el Palacio Legislativo de San Lázaro los argumentos técnicos de la iniciativa del Ejecutivo Federal para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, durante una reunión ríspida por momentos de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
El funcionario detalló que la modificación al artículo 123 constitucional, ya aprobada en el Senado y actualmente en revisión por los diputados, establece un límite operativo de cinco días laborales en jornadas de ocho horas, cuya implementación se realizará bajo un esquema de gradualidad para proteger las tasas de ocupación y los niveles de inflación.
Esta aplicación escalonada abarcará al 65 por ciento de los trabajadores con registro formal que laboran 41 horas o más a la semana, con la garantía de que la reducción del tiempo no implicará una disminución en sus ingresos o prestaciones vigentes.
Durante la exposición técnica, Bolaños indicó que el dictamen es el resultado de cinco meses de foros y mesas de trabajo con representaciones sindicales y empresariales.
Ante los cuestionamientos de la prensa sobre el contraste entre la tasa de desocupación oficial del 2.6 por ciento y el nivel de informalidad del 52 por ciento en el país, el funcionario sostuvo que la economía nacional mantiene los indicadores de certidumbre necesarios para la inversión privada y la generación de empleos formales, descartando que eventos de seguridad recientes afecten las proyecciones de ocupación.
La dependencia federal justifica la modificación constitucional como un mecanismo de homologación con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar el descanso de los ciudadanos y estimular la productividad de las empresas. Para su entrada en vigor, el proceso legislativo requiere la aprobación por mayoría calificada en el pleno de San Lázaro, la posterior ratificación en al menos 17 congresos estatales y la respectiva armonización de los artículos correspondientes en la Ley Federal del Trabajo.
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