En la revisión de la Cuenta Pública 2024 —último año del gobierno de AMLO—, la Auditoría Superior de la Federación detectó 65 mil 169 millones de pesos pendientes de aclarar. Entre las dependencias federales con mayores montos observados destacan Pemex (1,762 mdp), la SICT (1,215 mdp) y la Secretaría de Salud (585 mdp)
La fiscalización del último ejercicio presupuestal del sexenio pasado dejó bajo la lupa miles de millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó probables irregularidades por 65 mil 169 millones de pesos aún sin solventar en la Cuenta Pública 2024, de los cuales la mayor parte corresponde a recursos transferidos a estados y municipios.
En lo que respecta al gobierno federal, las cifras más elevadas se concentran en empresas y secretarías estratégicas. Pemex encabeza la lista con mil 762 millones de pesos pendientes de aclaración, seguido por Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con mil 215 millones, y la Secretaría de Salud con 585 millones.
También figuran la Secretaría de Marina, con 507 millones; la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, con 266 millones; Educación, con 231 millones, y Medio Ambiente, con 225 millones. A ello se suman 284 millones de pesos observados al Poder Judicial de la Federación.
El auditor superior, David Colmenares, entregó a la Cámara de Diputados la tercera y última parte de las 2 mil 264 auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2024. El informe consolidado de las tres entregas reporta recuperaciones por más de 2 mil millones de pesos, aunque la cifra pendiente de aclaración sigue siendo significativa.
“Estos informes, por lo tanto, no son solo documentos técnicos, son herramientas que nos ayudan a nosotros a decidir mejor”, agregó el auditor superior.
No obstante, el mayor volumen de irregularidades se ubica en el gasto federalizado ejercido por estados y municipios, con 59 mil 363 millones de pesos por solventar tan solo en 2024.
Las principales observaciones recaen en Aportaciones Federales (36 mil 647 millones), Participaciones Federales (15 mil 680 millones), así como en rubros de Educación, Salud e Infraestructura.
De acuerdo con la ASF, la irregularidad más recurrente fue la falta de documentación que acreditara el destino y ejercicio de los recursos federales.
En menor medida, se detectaron obras sin comprobación de beneficio a la población objetivo. Colmenares precisó que en más de 85 por ciento de las auditorías a municipios se emitieron observaciones por responsabilidades administrativas, un incremento superior al 147 por ciento respecto a la Cuenta Pública 2023.
El informe se presenta en un contexto clave: en las próximas semanas, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados iniciará el proceso para designar al nuevo auditor superior para el periodo 2026-2034.
Ante ello, Colmenares defendió el trabajo del órgano fiscalizador al señalar que los resultados responden a un ejercicio técnico, imparcial y apegado a la normatividad.
“La fiscalización superior no se trata de individualismos ni protagonismos; se trata de evidencias y rigor técnico”, sostuvo, al subrayar que la confianza en las instituciones depende de la neutralidad y solidez de los procesos de revisión.
Finalmente, Colmenares sostuvo que el papel del auditor requiere de imparcialidad y neutralidad en la conducción de los procesos de fiscalización para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
“A pesar de que hemos sido ajustados en el presupuesto nunca nos hemos quejado, simplemente lo que hemos hecho es recurrir más a la capacitación, al entrenamiento de nuestra gente, que a otro tipo de actitudes”, dijo.
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