El próximo domingo 25 de enero se llevará a cabo en Oaxaca una consulta ciudadana para saber si se revoca el mandato al gobernador de esa entidad federativa. Esta figura siempre me ha parecido un despropósito: el gobernante no puede planificar a largo plazo su gestión y todas sus acciones (obras y servicios) son de “relumbrón” para dar la impresión de que está “trabajando y cumpliendo”. Eso es demagogia y populismo. La inversión (directa) fija bruta del sector público -para tener el impacto en la producción, los empleos, la infraestructura urbana y/o rural, la generación de ingresos y competitividad- debe planificarse al mediano y al largo plazo. Así lo hace la inversión privada. No se pueden planificar grandes proyectos porque está la amenaza de la revocación.
Por otro lado, realizar esta consulta implica volver a hacer una elección, con el ingente costo a dinero público (erario) que bien podría utilizarse en obras y servicios que dejan de construirse o prestarse, según el caso. Hagamos un ejercicio mental: la elección en Oaxaca costó 480 millones de pesos, aproximadamente. La consulta, en el mejor de los casos, volverá a costar lo mismo. Luego, para elegir al nuevo gobernador se tendrá que erogar la misma cantidad. Es decir 1,440 millones de pesos. Un despilfarro de dinero en una entidad federativa que se encuentra en el cabús del desarrollo nacional.
En tercer lugar, se generan costos políticos, sociales y económicos a la sociedad en general y a las instituciones porque, de ser revocado el mandato de un individuo, se tiene que llamar a elecciones nuevamente.
El país tiene una grave deuda externa y dilapida miles de millones de pesos (en los pozos sin fondo que son Pemex, CFE, el AIFA, la refinería de Dos Bocas, la aerolínea Mexicana de Aviación, el Tren Maya, el Tren Transístmico) como para sufragar la celebración tres elecciones en un estado de los más pobres de México. Todo un despropósito.
