México ya no es un país petrolero. La producción ha venido cayendo desde 2004 cuando registró su máximo histórico de 3.4 millones de barriles diarios y su declive sigue, prácticamente sin parar. En 2025 produjo sólo 1.6 millones de barriles diarios. La renta petrolera ha corrido la misma suerte. Hace unos años la calculé para el periodo 2019-2022, y equivalía a poco menos de mil 200 pesos por habitante al año. No somos un país petrolero y la renta ha seguido disminuyendo por la baja en la producción. Hoy es prácticamente inexistente.
La reforma energética de Peña Nieto dentro del Pacto por México fue la última oportunidad para transformar y salvar a Pemex, revertir la caída de la producción de crudo y, al mismo tiempo, generar una política energética que tuviera cierta sostenibilidad. Era una apuesta que no garantizaba que Pemex sobreviviera con la estructura laboral y la eficiencia que tenía, pero era un esfuerzo serio que buscaba que se redimensionara Pemex para seguir funcionando adecuadamente y no tener que enfrentar su completa insolvencia. La contrarreforma de López Obrador simplemente canceló esa opción. Y al hacerlo, entrampó al país en un negocio exorbitantemente deficitario. Sólo el sostenimiento de Pemex absorbe más de un billón de pesos del presupuesto anual del gobierno federal, cifra semejante al presupuesto de la SEP o el gasto en salud.
La política energética de la 4T, además de no ofrecer viabilidad financiera ni de asegurar la disponibilidad de energía en tiempos convulsos (la capacidad de almacenamiento de gasolinas apenas alcanza para el consumo de dos días), encierra una maldición que nos afecta todos los días. Con el afán de salvar a Pemex como monopolio, como un tótem que “estructura toda nuestra existencia y nos define como mexicanos”, la 4T nos ha condenado a destinar dinero de nuestros impuestos para alimentar un ogro que no tiene límite y que, al hacerlo, dejamos de tener recursos indispensables para la educación, la salud y la erradicación de la pobreza.
Peor aún, el objetivo de producir en México toda la gasolina que consumimos para evitar su importación terminará por obligarnos a importar petróleo crudo, para que trabajen a tope las refinerías del país, con elevados costos económicos y ambientales. Un pésimo negocio, pues el proceso de refinación de crudo en el mundo tiene muy baja rentabilidad y en México es deficitario, mientras que la extracción de petróleo es rentable.
Aquí está la paradoja. La política de proveer todo el mercado nacional con gasolina producida en México, uno de los objetivos centrales del gobierno de López Obrador y para lo cual ordenó la construcción de la refinería de Dos Bocas, descansaba en la idea de que la producción de crudo de Pemex continuaría aumentando ad infinitum, que siempre habría suficiente petróleo para refinar en México. Con la contrarreforma, ese objetivo lejos de cumplirse ha ido alejándose cada día más. Las exportaciones mexicanas de crudo han ido a la baja justamente porque se está utilizando más petróleo para usar la nueva capacidad de refinación instalada en Dos Bocas y en Deer Park, y en las viejas refinerías que generan mucha contaminación.
De seguir esta tendencia y de refinar Dos Bocas su máximo anunciado, se prevé que para 2028 tengamos que importar petróleo para surtir a las refinerías nacionales. No sólo es una paradoja de la política energética de la 4T. Es un desacierto costosísimo para el país, pues además de no cumplirse el objetivo de ser autosuficientes en el consumo de energía, nos deja con una trampa de financiamiento a Pemex y sus operaciones. A pesar de los pagos recientes, la deuda con proveedores sigue siendo enorme y la deuda de Pemex, valuada principalmente en dólares, llega a casi 85 mil millones de dólares.
