En el contexto de la reforma judicial vigente, vale la pena hacer una advertencia que no puede pasarse por alto, varias decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han reforzado la percepción de un alineamiento con intereses políticos vinculados a la llamada “4T”.
Más allá de la simpatía o rechazo que esto genere en distintos sectores, el problema de fondo es institucional, cuando la justicia parece inclinarse hacia un proyecto político, se debilita la confianza ciudadana y aumenta la incertidumbre jurídica para todas y todos.
Se ha señalado que, en una serie de asuntos de alto impacto, la Corte ha emitido resoluciones favorables a posiciones de gobierno.
El dato por sí mismo no es lo más grave; lo verdaderamente preocupante es que se está construyendo una narrativa, en la que, la impartición de justicia puede responder, directa o indirectamente, a cálculos políticos.
En un Estado de derecho, la legitimidad de los tribunales no descansa en la popularidad, ni en afinidades, sino en la credibilidad que otorgan la objetividad, la imparcialidad y la consistencia en los criterios.
A lo anterior se suman estándares que pueden abrir márgenes de discrecionalidad. Un ejemplo es la forma en que se ha tratado el principio de cosa juzgada, es decir, la regla básica según la cual un asunto ya resuelto no debe reabrirse.
En los últimos debates se ha planteado que podría existir una excepción cuando la cosa juzgada sea fraudulenta. En teoría, esta vía es extraordinaria y se justificaría ante errores procesales graves.
Sin embargo, el riesgo es evidente, toda vez que, si el concepto se utiliza sin criterios estrictos y verificables, podría convertirse en una puerta para reconfigurar decisiones dependiendo de intereses coyunturales. La justicia no puede operar con excepciones y discrecionalidad.
Este escenario obliga a preguntarnos con seriedad: ¿en qué estadio nos encontramos? y ¿qué podemos hacer como sociedad? La respuesta no debe ser la resignación, sino exigencia democrática.
Esto es, que la SCJN y todo el aparato de justicia se concentren en su mandato constitucional. Consistente en defender el orden constitucional y garantizar los derechos humanos, no validar proyectos políticos.
Por desgracia, la reforma judicial ya anticipaba que, el acceso y la permanencia de las personas juzgadoras mediante la elección popular, tensiona la independencia judicial. Y si se debilitan la imparcialidad y la objetividad, se erosiona lo que sostiene a cualquier democracia: la certeza de que la ley se aplica por igual, incluso cuando incomoda al poder.
