La pareja venezolana enfrentaron este jueves su segunda comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York
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La pareja venezolana enfrentaron este jueves su segunda comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York
El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, enfrentaron este jueves su segunda comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York, luego de haber sido detenidos el pasado 3 enero en la Operación Resolución Absoluta.
En la audiencia, un juez rechazó la petición de la defensa para anular el proceso penal en su contra. Ambos están acusados de delitos como narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra, cargos de los que se han declarado inocentes.
Durante la sesión –que se prolongó poco más de una hora–, el eje principal de discusión giró en torno a los recursos para financiar la defensa legal. Maduro buscó argumentar que la administración estadounidense obstaculiza su derecho a defenderse, al impedirle acceder a fondos para cubrir honorarios, por lo que insistió en que el caso debía ser desestimado.
La defensa sostuvo que las limitaciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloquean el uso de recursos del Estado venezolano, lo que —según afirmaron— vulnera el derecho constitucional de sus clientes a elegir representación legal.
En respuesta, el fiscal Kyle Wirshba defendió que dichas restricciones responden a razones de seguridad nacional y política exterior. No obstante, el juez cuestionó esa postura y enfatizó la relevancia del derecho a la defensa.
“El acusado está aquí, Flores está aquí. No representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional”, señaló Hellerstein. “El derecho que está en juego, por encima de otros derechos, es el derecho a la asistencia letrada constitucional”, agregó.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, permanecen detenidos en Brooklyn a la espera de juicio, acusados también de conspiración para cometer narcoterrorismo.
En Caracas, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, calificó el proceso judicial como “ilegítimo e ilegal” durante un acto público.
“Nosotros no somos ningunos criminales, somos gente del pueblo venezolano”, afirmó.
Por otro lado, el gobierno estadounidense solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York resguardar las pruebas del caso.
El fiscal Jay Clayton indicó que la defensa aceptó la orden de protección de documentos, excepto un apartado que prohíbe compartir la evidencia con otros acusados que siguen en libertad, entre ellos Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra y Héctor Guerrero Flores.
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